Vuelta a España de huídos

Sortu anuncia a través de la redes sociales la vuelta al País Vasco desde Venezuela de Arturo Cubillas, ex miembro de ETA cuya extradición fue reclamada por las autoridades españolas. La Policía seguía incluyéndolo en el listado de fugados de la Justicia. Cubillas fue deportado a Venezuela desde Argelia en 1989 después del fracaso de las conversaciones de Argel entre ETA y el Gobierno de Felipe González. La extradición no fue posible porque tiene la nacionalidad venezolana. Según Sortu, Cubillas ya está en San Sebastián. También se informó que Koldo Zurimendi Oribe había regresado a Amurrio desde Venezuela (donde llegó también procedente de Argelia) después de 35 años fuera de España. Estos dos se unen así a su compañero Iñaki Orueta que volvió el pasado 24 de julio.

Vuelta al País Vasco

Iñaki Etxarte es recibido con ikurriñas, flores, aurreskus y versos en su pueblo, Azpeitia (Guipúzcoa), el mismo del que huyó en 1981 para integrarse en ETA.  La retirada de su imagen de la ‘herriko’ suponía un punto final a una trayectoria que comenzó en ETA (p-m) VIII Asamblea.

Estuvo deportado en Cabo Verde (1986), primero, y en Cuba, después. En la isla ha permanecido los últimos veinte años, sin que las autoridades cubanas atendieran hasta en tres ocasiones las reclamaciones de la Audiencia Nacional para que respondiera ante justicia española.

La última causa que pesaba sobre él, y otros miembros de ETA estaba relacionada con la presunta colaboración entre la banda terrorista y las FARC.

La Ley de Amnistía del 30 de diciembre de 2016 dictada en Colombia dejó libres de ser juzgados a los miembros de las FARC. En el caso de los miembros de ETA, la Audiencia Nacional emitió un auto el 25 de octubre de 2018 por el cual se dictaba el sobreseimiento provisional sobre las actuaciones y dejaba sin efecto la orden de busca y captura.

 Ante la presentación de denuncia por el recibimiento, la Fiscalía opinó que, "no se aprecia expresión alguna de apología o ensalzamiento, ya que los hechos se limitan al recibimiento en vía pública con banderas y bengalas, entrega de ramo de flores, aurresku y solicitud de que los presos vuelvan a casa, es decir, ninguna frase enaltecedora o humillante".

Por ello interpreta que ante las circunstancias "del caso, del autor, de los destinatarios, y del contenido de los mensajes, se considera que no existe prueba bastante de la materialización de un riesgo verosímil de que se puedan cometer actos terroristas".

Esos recibimientos, añade el fiscal, se limitaron a "expresiones de satisfacción, solidaridad" y deseos meramente políticos sobre el acercamiento de los presos de ETA, que además "no habían tenido impacto alguno en la opinión pública".

Llegada de huido

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detienen en el aeropuerto de Madrid-Barajas al etarra Luis Miguel Ipiña Doña, 'Tontxu', huido desde hacía años y sobre el que pesaba una orden de detención desde el año 2015. Venía en un vuelo procedente de Bogotá con un pasaporte de México. Fue trasladado al hospital para ser atendido y luego puesto en libertad con medidas cautelares (comparecencias quincenales ante el juzgado y la prohibición de salir de España).

El terrorista residía en México desde 1980 y obtuvo la nacionalidad de este país siete años más tarde. Allí fue detenido e ingresó en prisión en mayo del 2011 acusado de estar en posesión de armas de fuego. En octubre del 2012 Ipiña salió de la cárcel después de que un tribunal mexicano declarara nulo el registro de su domicilio.

El antiguo miembro de la banda, de 67 años, es acusado de intervenir en varios atentados, algunos de ellos asesinatos como los que causaron la muerte del comandante José María Herrera Hernández en 1979 y del coronel Eugenio Saracíbar González de Durana en 1980.

En 2020, fue condenado a un año de prisión por humillar e insultar a las víctimas de la banda terrorista en su blog tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

 

Acto en favor de los huidos de ETA

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, acompañada de otras dos integrantes del colectivo (Conchi Fernández Galán y Paz Prieto Sáenz de Tejada) se presentan  en un acto organizado por la iniciativa 'Kalera Kalera' en favor de "deportados y huidos" de ETA, en Tolosa (Guipúzcoa), portando carteles con lemas como "Sois huidos de la justicia. Volved, tenéis alojamiento y manutención gratis", "Saldad vuestras deudas" o "Sois huidos de las justicia porque sois criminales". Los concentrados han contestado con gritos de "Kanpora faxistak" ("Fuera fascistas"), "Iheslariak etxera" ("Huidos a casa") y “Jo ta ke irabazi arte” (una y otra vez hasta ganar), creandose unos momentos de tensión con algunos empujones.

En el acto (“Iheslari Eguna”), en el que estaba la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Marian Beitialarrangoitia, y el representante en Juntas Generales de Guipúzcoa, Xabier Olano, se reclamó el "retorno" al País Vasco de los 70 militantes de ETA (cifra aportada por los organizadores) que se encuentran huidos en diferentes países del mundo.

Las representantes de COVITE portaban una lista de todos los etarras que se conoce que están prófugos de la justicia, para entregarla a los organizadores, pero no pudieron hacerlo ante el cordón de seguridad impuesto.

Regreso a España

Dos presuntos colaboradores de ETA huidos en 1993 tras el desmantelamiento del ‘comando Vizcaya’ y contra los que la Audiencia Nacional reclamó a Bélgica hasta en cuatro ocasiones su entrega a España sin lograrlo, regresan a su pueblo, Sopela. 

El matrimonio formado por Luis Moreno y Raquel García huyó de su pueblo después de que el ‘comando Vizcaya’ asesinara el 14 de enero de 1992 al agente de policía José Anseán Castro en el bilbaíno barrio de Santuchu. Sobre ellos pesaba la acusación de haber acogido a Juan Ramón Rojo y Kepa Urra, condenados por ese asesinato. La pareja escapó y se refugió en Bélgica “por miedo a la Guardia Civil”, aseguraron entonces desde allí tras negar la comisión de ningún delito en una comparecencia ante la prensa en la sede bruselense de Herri Batasuna arropados por Karmelo Landa (eurodiputado), José Luis Elkoro (senador), Kepa Landa (abogado), Eva Forest (ex senadora) y Fernando Eguilleor (huido).

En enero de 1996 el Gobierno belga autorizó la extradición en primera instancia pero luego fue anulada por el Consejo de Estado.

Huidos de ETA

Según un reportaje publicado en la prensa, firmado por Melchor Saiz Pardo, la Comisaría General de Información de la Policía mantiene como buscados a 30 miembros de ETA en distintos países, 27 de ellos localizados y otros con paraderos dudosos. Algunos de estos países no colaboran ni han dado pasos para conceder la extradición de los huidos, entre los que figura José Antonio Urruticoechea, 'Josu Ternera'. 

Se menciona el caso de Venezuela (De Juana Chaos, Arturo Cubillas, Asier Guridi, José Luis Eciolaza), Cuba (Urtiaga Martínez), México (Hilario Urbizu), Uruguay (José María Lariz), Cabo Verde (José Antonio Olaizola), Bélgica (Natividad Jáuregui) y Francia (Alberto Plazaola, Concepción Iglesias).

Detenidos para cumplir condena

Un numeroso despliegue de la Ertzaintza cierra todos los accesos a la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria al comenzar el día y establece un cordón policial alrededor de las 200 personas que a manera de "muro popular" rodeaban desde el día anterior a los tres condenados de SEGI que debían haber ingresado en prisión. 

Los jóvenes sentados en el suelo, ataviados con caretas y pelucas para dificultar su identificación, se lanzaron por encima pintura naranja para entorpecer la labor de los ertzainas y algunos se encadenaron a un andamio o a tubos de PVC.

La Ertzaintza comenzó a continuación a llevarse a los concentrados a rastras, en muchos casos con intercambio de golpes; la primera en ser localizada y detenida fue Aiala Zaldibar, que estaba encadenada y unida con un tubo metálico a otras cinco personas. Después fueron arrestados Igarki Robles Martínez del Campo e Ibon Esteban. Todos ellos fueron trasladados primero a dependencias policiales y luego a la prisión de Zaballa.

Según el movimiento Eleak, la Policía autonómica detuvo a 15 personas acusadas de agresiones y resistencia a los agentes de la autoridad, motivo por el cual se ha imputado además a otras 3 personas. Dos de los detenidos, que fueron los últimos en ser puestos en libertad, fueron acusados de "atentado a la autoridad".

La Ertzaintza comunicó que 17 de sus agentes resultaron heridos.
Oier Martínez del Campo - primo de Igarki Robles, y que cumplió 5 años de condena- fue uno de los detenidos por la Ertzaintza, que le imputa un delito de "atentado a la autoridad", además de desobediencia y resistencia.

Tras las detenciones, más de un centenar de personas se concentró en una plaza adyacente a la de la Virgen Blanca, para denunciar los arrestos. El colectivo Gasteizko Harresia presentó 42 denuncias en los Juzgados por "agresiones" de la Ertzaintza.

En un comunicado, la asamblea de bomberos de Vitoria explica que se les requirió, por un lado, para ayudar al servicio de limpieza a retirar unas pancartas utilizando sus vehículos, y, por otro, para separar a las personas que se habían encadenado entre sí en el muro popular.

En ambos casos, decidieron no intervenir argumentando que esas labores no correspondían a los bomberos. «Ante el contexto de tensión que se vivía en la zona de la intervención de las pancartas, los bomberos fueron amenazados con ser detenidos, cosa que no sucedió finalmente», han explicado, aunque han añadido que sí fueron fueron identificados por la Policía Local y se les comunicó que podrían abrirse «diligencias sancionadoras, sin quedar claro si estas serían disciplinarias o penales».
Han subrayado que no intervinieron «al no existir situación de riesgo para personas ni bienes», tanto en el caso de las pancartas como en el de las personas encadenadas. Asimismo, tampoco prestaron sus equipos y herramientas a personas ajenas al servicio, puesto que «muchas de ellas requieren de una capacitación profesional y adiestramiento específico, no pudiendo prestarlas si no podemos garantizar la seguridad de sus usuarios o de terceras personas».

En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo absolvió a Marina Sagastizabal Emilio-Yus, Aiala Zaldivar Alvarado, Bergoi Madernaz del Pozo, Igarki Robles Martínez del Campo y Xabat Morán Ruiz por creer vulnerado el derecho a su presunción de inocencia.

Con respecto a los otros dos, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa e Ibon Esteban Escaloni, el Supremo entiende que sí quedó probada la militancia activa pero atienden la petición que formularon las defensas de que se les aplique el artículo 579 bis-4 del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, que permite rebajar las penas por delitos de terrorismo cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad por los medios empleados o los resultados producidos por lo que les rebaja la pena en dos grados, pasando la condena de 6 a 2 años de prisión.

Madernaz salió en libertad en noviembre de 2015 y se presentó en las listas de EH Bildu como número dos en la lista del Senado en las elecciones del 20 de diciembre de 2015; no salió elegido.

En octubre de 2016, Adam Laamirni y Oier Martínez del Campo fueron juzgados acusados de atentado contra la autoridad. Finalmente el acuerdo entre las partes cambió la acusación a resistencia, y por ello se les impuso una multa por impedir que la Ertzaintza detuviese a los tres condenados por pertenencia a Segi.

Protesta en Vitoria

Sobre las diez de la mañana dos personas se suben a la torre de la iglesia de San Miguel, ubicada en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria y cuelgan una gran pancarta con los rostros de los siete condenados recientemente por su pertenencia a SEGI firmadas por #ResistGasteiz y el lema "7ak libre" (libertad para los siete). Más tarde desplegaron otra pancarta con las palabras libertad y desobediencia.

Las dos personas, ataviadas con el traje de Celedón, personaje de las fiestas de Vitoria que desciende desde la torre San Miguel hasta el suelo colgado de un paraguas, se colgaron después en una cesta y permanecieron allí 28 horas.

Asimismo, hicieron un llamamiento a participar en la marcha naranja del día siguiente "a favor de los derechos civiles y políticos" y "a reforzar el muro popular" que se formará para intentar evitar el encarcelamiento de los tres condenados que aún no han sido detenidos por la Ertzaintza.

Al día siguiente hubo una multitudinaria manifestación en Vitoria en apoyo de los condenados y al finalizar se concentraron en la plaza de la Virgen Blanca centenares de personas que rodearon a modo de "muro popular" a los tres condenados libres: Ibon Esteban, Igarki Robles y Aiala Zaldibar.

Comunicado EIPK

El Colectivo de Refugiados y Refugiadas Políticos Vascos (EIPK) publica un comunicado con motivo del primer aniversario del comienzo del proceso de regreso a España, anunciado el 22 de marzo del año pasado y que hasta la fecha ha propiciado la vuelta a sus lugares de origen de alrededor de cien personas, una cuarta parte del conjunto de ese colectivo. 

En el comunicado se pide la paralización de los procesos judiciales y anulen las órdenes de detención internacionales para avanzar en la "resolución del conflicto".

El colectivo denuncia la existencia de graves obstáculos y dificultades, derivados de la actitud de los gobiernos español y francés, y también de las situaciones enquistadas durante todos estos años. «Debemos lograr entre todos construir una dinámica sólida y permanente hasta el regreso del último exiliado. El desarrollo del proceso de solución pasa, inevitablemente, por la vuelta a casa de todos los presos y exiliados, de todas las presas y exiliadas».

Detenido en Francia

Agentes de la Policía Judicial francesa detienen en Saint Palais (Francia, departamento Pirineos Atlánticos) a Sabin Mendizábal Plazaola. La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía colaboró con los franceses en la investigación.

Mendizábal -que fue colocado en mayo de 2012 en los listados de los miembros de ETA más buscados- se cree ingresó en la banda terrorista en el año 2000 y estuvo activo al menos hasta 2009. Fue detenido en enero de 2006 y las pruebas de ADN le vincularon a dos hechos delictivos por lo que fue condenado por la colocación de un artefacto explosivo en la sede del Partido Popular de Ermua (Vizcaya) en mayo de 2003. También intervino en el lanzamiento el 6 de febrero de 2005 en Vitoria de varios 'cócteles molotov' contra un comercio del que era propietaria la mujer del teniente alcalde del Partido Popular de la capital alavesa Miguel Angel Echevarría.

Tras ser condenado a cuatro años y seis meses en noviembre de 2009 por la Audiencia Nacional por el ataque contra la sede del Partido Popular, Mendizábal pasó a la clandestinidad.

En junio de 2015 ingresó en la cárcel de Valladolid y en diciembre de 2018 fue trasladado a la de Logroño. Finalmente, en septiembre de 2019, quedó en libertad.

Detención en Roma

Agentes de la policía italiana detienen en Roma (Italia) a Carlos García Preciado, de 43 años, condenado en España y Francia por actividades relacionadas con ETA. En España fue condenado a 16 años de cárcel por hechos ocurridos el 6 de agosto de 1997, cuando, según la sentencia de la Audiencia Nacional, determinadas personas lanzaron artefactos incendiarios contra una sucursal bancaria en el municipio guipuzcoano de Andoain. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo en enero de 2016 por lo quedó en libertad. En Francia fue condenado en rebeldía a 3 años de prisión.

Según fuentes policiales, García Preciado llevaba viviendo en Italia al menos desde 2013, está casado con una mujer italiana y tiene un hijo de corta edad, realizando trabajos esporádicos de pintor.

El 22 de abril de 2016 fue recibido en la localidad guipuzcoana de Andoain.

De Juana en Venezuela

El diario “El Mundo” publica un reportaje sobre la presencia de José Ignacio de Juana Chaos y su mujer Irati en la localidad de Chichiriviche (Venezuela) donde regentan una licorería. Según lo publicado se encuentran allí desde hace 3 meses y antes residían en la ciudad de Nueva Barcelona (Venezuela). Dada la multitud de datos que se ofrecen, parece obvia la procedencia de las informaciones. Se citan como sus contactos en dicho país a Xabier Arruti Imaz, Miguel Gabilondo Arburu, Mikel Xabier Aristi y María Guadalupe Rodríguez Zambrano.

La Audiencia Nacional decidió reabrir la causa contra el huido. En julio de 2015, el Consejo de Ministros acuerda solicitar a Venezuela su extradición para enjuiciarle por un presunto delito de “justificación pública de actos terroristas propios y ajenos que humillan e intensifican el dolor de las víctimas y sus familiares”.