“Si ya no hay una organización terrorista no se aplica política antiterrorista, pero estas personas siguen cumpliendo condena, que parece que no cumplen. Cuando hay algún traslado, insisto, no es un beneficio penitenciario. Quedan 229 presos etarras en las cárceles y ha habido en siete meses poco más de 20 traslados. Al País Vasco, tres, y son de la vía Nanclares, es decir estaba ya resuelto prácticamente por Instituciones Penitenciarias con el anterior ministro (…) Para los traslados, según el grado de cumplimiento, si es delito de sangre o no, y cumpliendo la legalidad penitenciaria. Son además criterios individuales. La política de dispersión ya no existe porque era política antiterrorista. Habrá traslados si lo decide la junta de tratamiento, si el preso progresa de grado y si procede dicho traslado."
Agentes de la Ertzaintza detienen a dos personas en Vitoria-Gasteiz y Amurrio por actos supuestamente relacionados con 'kale borroka' registrados en los años 2014 y 2015.
Durante la operación policial se ha procedido al registro de un inmueble en Delika, así como de las viviendas de los detenidos.
La operación parte del hallazgo en octubre pasado de un bidón en las afueras de Durana con material pirotécnico y componentes para elaborar artefactos incendiarios. Al parecer, los detenidos son Galder Barbado y Aitor Zelaia, de 25 y 26 años de edad. El primero de ellos fue detenido en 2016, acusado de enaltecimiento del terrorismo por una pancarta de Gazte Danbada.
La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ordenó su ingreso en prisión por un delito de tenencia de sustancias explosivas, inflamables o incendiarias, al encontrarse sus huellas en varios de los materiales encontrados ocultos. El atestado de la Ertzaintza vinculó los materiales encontrados con actos de sabotaje contra Kutxabank registrados en Abetxuko, Agurain e Igorre en 2014
El fiscal solicitó 8 de prisión para Zelaia y otros 8 para Barbado, además de 7 años de libertad vigilada para cada uno de ellos. En concreto, la fiscalía acusa a los dos jóvenes de “deposito y tráfico de armas y municiones y explosivos y sus componentes con finalidad terrorista”.
A finales de julio de 2019, los dos fueron puestos en libertad bajo fianza y recibidos con actos de apoyo en sus localidades natales, Vitoria y Amurrio.
En 2021, la Audiencia Nacional condenó a Galder Barbado y a Aitor Zelaia a cuatro años de prisión al considerar probado «un delito de depósito de elementos para la confección de aparatos explosivos e incendiarios». En la sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la jueza Ángela Murillo, condena a ambos como autores de un delito de «depósito de armas y municiones» y de «depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos y de sus componentes con finalidad terrorista».
