Carta bomba contra militar

Una carta bomba enviada por ETA al general José Ortuño Such, en el cuartel general de la Eurofor (Eurofuerza Operativa Rápida) de Florencia (Italia), fue desactivada por los "carabinieri". La existencia del atentado fallido contra el general José Ortuño se conoció dos meses después, al difundirse un comunicado de ETA en el que esta organización se responsabilizaba del envío de la carta bomba.

Con este atentado se elevan a 24 las acciones terroristas cometidas por ETA en Italia en los últimos seis años. Los primeros atentados de la organización terrorista en ese país se cometieron en 1991, año en el que ETA colocó catorce bombas en Roma, Milán, Bolonia, Florencia y Livorno contra oficinas de organismos públícos y empresas españolas.

Al año siguiente fueron ocho los atentados perpetrados en Roma, Milán y Nápoles. La última acción se produjo el 3 de febrero de 1994 y consistió en la colocación de un artefacto explosivo en el coche del agregado militar de la embajada española en Roma.

Asesinado inspector de policía

Dos terroristas de ETA asesinan al inspector del Cuerpo Nacional de  Policía Luis Andrés Samperio Sañudo (37 años, casado, dos hijas -Ana de 14 y otra de 8 años-, nacido en la provincia de Santander, llevaba 14 años destinado en Bilbao y en ese momento estaba en el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial) cuando se disponía a entrar en el portal de su casa, en el barrio de Deusto (Bilbao). Dos terroristas le esperaban en las inmediaciones y uno le disparó un tiro en la nuca, que le provocó la muerte. Su mujer, María Ángeles Carmona, y sus dos hijas se encontraban comiendo. Los etarras huyeron hasta un “Renault 11” que les esperaba con otro ocupante. El coche, robado, fue encontrado a un kilómetro del lugar.

Horas después fue detenido Óscar Barreras Díaz, de 22 años, cuando salía de la herriko taberna del barrio bilbaíno de Uríbarri. Barreras había salido el día 21, gracias a un permiso de siete días, de la prisión de Basauri, donde estaba cumpliendo desde julio de 1996 una condena de dos años, cuatro meses y un día por declararse insumiso al servicio militar. La novia de Barreras, Naia Zurriarain Mendiguren, fue arrestada en un piso de Deusto. La policía busca a Salvador Gaztelumendi Gil, del que se sospecha que puede formar parte del “comando”. La Brigada de Información de Bilbao llegó hasta Barreras después de identificar como correspondientes a él unas huellas dactilares descubiertas en el coche utilizado para huir tras el crimen.

En 1999, a Audiencia Nacional condenó a 35 años de prisión al etarra Óscar Barreras Díaz por el asesinato: 27 años por delito de terrorismo con resultado de muerte de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, y a 8 años más por delito de pertenencia a banda armada. Los otros miembros del “comando” eran Salvador Gaztelumendi y José Miguel Bustinza.

Atentado contra funcionario de prisiones

El funcionario de prisiones Juan José Baeza González viajó en tren desde el apeadero de Martutene hasta la estación de Rentería (Guipúzcoa). Cuando estaba llegando a su casa se dio cuenta de que dos jóvenes en actitud sospechosa avanzaban hacia él. Intentó apartarse, pero uno de ellos le disparó y alcanzó en el cuello. El funcionario echó a correr hacia su casa, y los terroristas realizaron otros siete disparos, que no alcanzaron a Baeza. Padre de tres hijos, militante del PSOE y afiliado de UGT, Baeza (46 años) trabajaba en la prisión de Martutene, en San Sebastián.

Una de las armas utilizadas se empleó en el asesinato de Fernando Múgica en 1996. La otra era de calibre 22, algo poco frecuente.

El etarra Kepa Etxebarria Sagarzazu y su compañero huyeron en un ciclomotor que el primero utilizaba en su trabajo como mensajero. El vehículo, dos jerseys y dos cascos, con huellas de Etxebarria fueron encontrados a los pocos días en la localidad de Lezo, a escasos dos kilómetros del atentado. Por ello fue condenado a 18 años de prisión en el año 2000.

Detención de saboteadores

Agentes de la Ertzaintza detienen a en Llodio a tres jóvenes acusados de integrar un comando Y denominado Areta de apoyo a ETA encargado de organizar y coordinar a otros subgrupos de agitación callejera y de cometer acciones de violencia callejera perpetradas en los últimos meses en el valle de Ayala (Álava). Dos de los arrestados, Francisco Abad Urquijo (21 años), y Aitor Goikoetxea Vivaracho (20 años) son hijos de concejales de HB en el Ayuntamiento de Llodio, mientras que el tercer detenido es Ricardo Casero (20 años), también vecino de Llodio.

La operación policial, ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, se inició tras el ataque realizado en la noche del 1 de enero contra las estaciones de tren de Areta y en Llodio. La policía comenzó a investigar los hechos en la gasolinera de Basauri (Vizcaya), donde los detenidos compraban la gasolina que luego usaban en sus sabotajes.

Según la investigación, los tres detenidos se citaron con Zigor Gorostiaga, Igor Azuaga y José Ignacio García a primeras horas de la madrugada para ir a Llodio con las garrafas llenas de gasolina, bombonas de camping-gas y varios petardos de feria. Gorostiaga, Azuaga y Gocoichea se dirigieron a la estación de Areta (Llodio), y los otros fueron a la de Llodio. Los tres primeros vertieron líquido inflamable en el interior del local y le prendieron fuego, produciendo daños valorados pericialmente en casi dos millones de pesetas.

Por su parte, Casero, Abab y García prendieron fuego en la estación de Llodio, causando desperfectos tasados en casi 33 millones de pesetas. En ambos casos, el fuego no afectó a las viviendas próximas a las estaciones por la rápida actuación de los bomberos.

A todos ellos se les atribuyen acciones de sabotaje realizadas desde el pasado mes de septiembre en esta zona que ocasionaron daños materiales cifrados en más de 100 millones de pesetas.

El comando Areta, tiene otras muchas acciones, el incendio de la oficina del Inem de esa localidad, un repetidor de televisión y un concesionario de automóviles franceses, el incendio del coche particular del alcalde de Amurrio (de Eusko Alkartasuna), la explosión de un artefacto en el Palacio de Justicia de esta localidad, así como la destrucción de la sede del PP y el lanzamiento de cohetes contra el cuartel de la Guardia Civil, ambos en Llodio.

Los tres fueron puestos en libertad bajo fianza meses después.

En octubre de 1999, la Audiencia Nacional condenó a Aitor Goikoetxea junto a Zigor Gorostiagae  Igor Azuaga porque "en hora no determinada del 1 de enero de 1997 se dirigieron a la estación de Renfe en Llodio, en el barrio de Areta, procediendo a verter gasolina en el interior del local, prendiéndole fuego posteriormente”.

Bomba contra EA

La Ertzaintza localiza en la madrugada un artefacto en la puerta de la sede de Eusko Alkartasuna en Ondárroa (Vizcaya) que no llegó a explosionar. Una llamada anónima a la Cruz Roja alertó de la colocación del artefacto, compuesto por dos bombonas de cámping gas.

.- La Policía localizó 19 cócteles molotov en un local abandonado en la calle Atarrabia de Villava. En la operación policial se detuvo a cinco jóvenes que abandonaban en ese momento el local, a los que se relaciona con la confección y almacenamiento de artefactos incendiarios.

 

Explosión accidental

Sobre las 7.30 de la mañana se produce una explosión en el número 3 de la calle de Polibea, en el barrio de la Concepción de Madrid al estallar un detonador defectuoso. Los cuatro inquilinos del apartamento del 1ºE abandonaron precipitadamente la vivienda con unas mochilas. Los bomberos descubrieron 86 saquitos con material explosivo (casi 100 kilos, amonal probablemente), tres subfusiles, dos fusiles de asalto, una escopeta repetidora, documentación variada, matriculas de coches, 6 granadas anticarro y varias pelucas.

Uno de los coches robados por el «comando Madrid» y cuyas placas de matrícula fueron encontradas en el piso, un Seat Ibiza negro CR-8427-L, fue sustraído en las proximidades del complejo policial de Canillas, en concreto en la calle Andorra, en la noche del Viernes Santo. El propietario guardaba en el interior del automóvil toda la documentación y su carné de conducir. La documentación apareció en la vivienda pero no así el carné de conducir. También había documentación de un Ford Fiesta blanco robado el día anterior a la explosión.

El piso fue alquilado desde el pasado 10 de febrero por una mujer joven con acento alemán. Tras el hallazgo del piso, se pusieron en funcionamiento las operaciones Cierre y Cepo, en puntos próximos a Madrid y en otros más distantes para tratar de capturar a los terroristas. Dos policías alemanes se trasladaron a Madrid para colaborar en las pesquisas y en la identificación de posibles colaboradores alemanes.

Los ocupantes del piso fueron identificados como Ainhoa Múgica Goñi y Juan Antonio Olarra Guridi, y los alemanes Fritz Gari Siemund (33 años) y Renate Heike Schubber (33 años). Los alemanes carecen de antecedentes policiales, pero se les vincula con grupos de extrema izquierda.

Según la prensa, los objetivos más inmediatos del «comando Madrid» eran la juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo y el magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga. Había también datos de otras personas posibles objetivos (incluyendo periodistas), pero con menos detalle.

La Policía localizó en la calle Bravo Murillo de Madrid un piso que había sido utilizado por los etarras entre junio de 1996 y febrero de este año, cuando se trasladaron a la calle Polibea. También descubrió otro piso que utilizaron antes en la calle General Álvarez de Castro.

El 15 de abril, el alemán Fritz Gary Siemund, fue detenido sobre las seis de la tarde por la policía de la ciudad de Wiesbaden (Alemania). Schubbert pasó a la clandestinidad hasta que se entregó el 8 de julio.

En marzo/abril de 1998 tuvo lugar en Wiesbaden (Alemania) el juicio contra los colaboradores alemanes del comando Madrid de ETA, Renate Heike Schubbert y Fritz Gary Siemund. Schubbert está acusada de "preparación de una explosión" y "violación de la ley de control de armamento de guerra" y su compañero de complicidad en esos delitos cuya pena máxima asciende a diez años de prisión.

El 16 de abril fueron puestos en libertad condicional.

Ataque a vehículo concejala

Lanzamiento de artefactos incendiarios de madrugada contra el coche de Isabel Ibáñez, concejala del Partido Socialista de Navarra (PSN) en el Ayuntamiento de Villava. El vehículo se encontraba estacionado en la calle de Utzama, y sufrió graves daños. En anteriores ocasiones, ya había aparecido con las ruedas pinchadas o rociado de pintura. Ibáñez informó de que su hijo estaba viendo la televisión cuando llamaron al timbre. Entonces se asomó a la ventana y vio el coche ardiendo. Su impresión fue tal que sufrió un fuerte ataque nervioso.