Blog con formato de cronología dedicado a informar sobre el denominado Movimiento de liberación nacional vasco, con especial atención a las acciones de ETA en sus distintas variantes, incluyendo organizaciones afines. Incluye atentados, detenciones y noticias de tipo político que guardan alguna vinculación con este mundo.
jueves, 27 de febrero de 2020
Ataque sede PSOE
viernes, 21 de febrero de 2020
Disturbios en Pamplona
jueves, 13 de febrero de 2020
Detención y puesta en libertad
miércoles, 12 de febrero de 2020
Ataque al PNV
Una decena de batzokis del PNV de Vizcaya y Guipúzcoa sufren el lanzamiento de basuras y la realización de pintadas amenazantes. El PNV responsabilizó al exmiembro de ETA Aitor Elizarán, que había publicado en Twitter un llamamiento a realizar ese tipo de ataques y había anunciado que él mismo iba a llevar basura al PNV en protesta por el accidente ocurrido el día 6 de ese mes en el vertedero de Zaldibar (Vizcaya), en el que dos trabajadores perdieron la vida al quedar sepultados por un desprendimiento.
jueves, 6 de febrero de 2020
Agresión en Alsasua
En la madrugada del jueves, agentes de la Guardia Civil de Alsasua (Navarra) recibieron un aviso de que un grupo de personas estaban cruzando contenedores cortando la carretera en ambos sentidos. Una patrulla acudió al lugar y al abandonar el vehículo para proceder a su retirada e identificar a algunos de los alborotadores, comenzaron a acercarse personas, que increparon a los agentes. La tensión fue creciendo hasta conformarse un grupo de unos veinte jóvenes. En un momento, uno de los agentes recibió un golpe en la espalda y cayó al suelo, lo que le provocó “algunos rasguños”, mientras que el resto se dedicaba a insultar a los agentes. Se identificó a cuatro personas. La localidad celebraba las fiestas de ‘los quintos’ de Santa Agueda. La Guardia Civil detuvo al día siguiente al agresor (J. M. M. A., de 38 años).
El detenido se conformó en un juicio rápido celebrado días más tarde en el Juzgado de Guardia de Pamplona, con una condena de ocho meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad y con una multa de 100 euros por un delito leve de lesiones. El condenado deberá, además, indemnizar al agente golpeado con 400 euros por las lesiones causadas. En la sentencia, que es firme, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante dos años condicionada a que el penado no delinca en el plazo fijado, cumpla con la responsabilidad civil impuesta y se someta a un programa formativo en materia de igualdad de trato y no discriminación.
Indemnización a Revilla
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto ordena ejecutar la responsabilidad civil del abogado Gonzalo Boye, que deberá indemnizar al empresario Emiliano Revilla, por cuyo secuestro por parte de ETA, que tuvo lugar en 1988, fue condenado a pena de prisión y a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), al rechazar que ésta haya prescrito. Pese a contar con el pronunciamiento en contra de la Fiscalía, el tribunal ordena hacer efectivos los embargos que ya se acordaron en su día y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado.
Boye fue condenado en 1996 como autor responsable
de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel, de
los que cumplió seis. Un año antes de obtener la libertad condicional había
comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de la indemnización, a
razón de 5.000 pesetas mensuales.
Boye alega que la responsabilidad civil
reclamada prescribió el 5 de agosto de 2012, 15 años después del "último y
único requerimiento de pago efectuado" en este procedimiento, pero la
Audiencia Nacional rechaza este argumento al entender que existen "actos
para interrumpir" la prescripción. Uno de estos actos es esa investigación
patrimonial ordenada por Fiscalía en 2008. Así, una vez que el abogado de
Revilla pidió en 2018 reactivar el embargo, la Audiencia Nacional considera que
el periodo de prescripción comienza de nuevo en ese momento, de modo que
decreta que la responsabilidad civil sigue vigente y ordena investigar el
patrimonio de Boye, "con la práctica, en su caso, del requerimiento y los
apercibimientos" que resulten necesarios.
El empresario requirió que le embargaran
los saldos de las cuentas corrientes de las que fuera titular, la parte
proporcional del salario percibido como empleado de Boye-Elbal & Asociados,
y de Antena 3 Noticias, así como las cantidades que hubiera percibido del
Colegio de Abogados de Madrid, donde había estado dando clases.
Gonzalo Boye se vió obligado a disolver su
bufete, Boye-Elbal & Asociados Sociedad Limitada Profesional, solicitando
el concurso de acreedores exprés.