Indemnización a Revilla

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto ordena ejecutar la responsabilidad civil del abogado Gonzalo Boye, que deberá indemnizar al empresario Emiliano Revilla, por cuyo secuestro por parte de ETA, que tuvo lugar en 1988, fue condenado a pena de prisión y a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), al rechazar que ésta haya prescrito. Pese a contar con el pronunciamiento en contra de la Fiscalía, el tribunal ordena hacer efectivos los embargos que ya se acordaron en su día y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado.

Boye fue condenado en 1996 como autor responsable de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. Un año antes de obtener la libertad condicional había comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales.

Boye alega que la responsabilidad civil reclamada prescribió el 5 de agosto de 2012, 15 años después del "último y único requerimiento de pago efectuado" en este procedimiento, pero la Audiencia Nacional rechaza este argumento al entender que existen "actos para interrumpir" la prescripción. Uno de estos actos es esa investigación patrimonial ordenada por Fiscalía en 2008. Así, una vez que el abogado de Revilla pidió en 2018 reactivar el embargo, la Audiencia Nacional considera que el periodo de prescripción comienza de nuevo en ese momento, de modo que decreta que la responsabilidad civil sigue vigente y ordena investigar el patrimonio de Boye, "con la práctica, en su caso, del requerimiento y los apercibimientos" que resulten necesarios.

El empresario requirió que le embargaran los saldos de las cuentas corrientes de las que fuera titular, la parte proporcional del salario percibido como empleado de Boye-Elbal & Asociados, y de Antena 3 Noticias, así como las cantidades que hubiera percibido del Colegio de Abogados de Madrid, donde había estado dando clases.

Gonzalo Boye se vió obligado a disolver su bufete, Boye-Elbal & Asociados Sociedad Limitada Profesional, solicitando el concurso de acreedores exprés.

Operación contra bienes de condenados

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, llevan a cabo una operación para la intervención de bienes muebles e inmuebles propiedad de de 57 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA o por actos de violencia callejera. Todos ellos tienen deudas de distinta cuantía con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. La deuda total asciende a unos ocho millones de euros.

Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la "operación Zerga" (impuesto en euskera), permitieron comprobar cómo estas personas, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

 Por ello, se procedió al bloqueo y embargo de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras y se entregaron oficios judiciales en empresas para retener sobre una treintena de nóminas la parte que supere el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil procedió a retirar de la vía pública un total de 4 vehículos, entre ellos una autocaravana.

 Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento. Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos 15 miembros de ETA, entre ellos algunos históricos activistas de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera.

Los medios de comunicación mencionaron algunos de los afectados: Idoia López Riaño, Mercedes Galdós, Enrique Letona, Carlos Vecino o Juan Pablo Montoya.