Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, llevan a cabo una operación para la intervención de bienes muebles e inmuebles propiedad de de 57 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA o por actos de violencia callejera. Todos ellos tienen deudas de distinta cuantía con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. La deuda total asciende a unos ocho millones de euros.
Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la "operación Zerga" (impuesto en euskera), permitieron comprobar cómo estas personas, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.
Por ello, se procedió al bloqueo y embargo de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras y se entregaron oficios judiciales en empresas para retener sobre una treintena de nóminas la parte que supere el salario mínimo interprofesional.
En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil procedió a retirar de la vía pública un total de 4 vehículos, entre ellos una autocaravana.
Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento. Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos 15 miembros de ETA, entre ellos algunos históricos activistas de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera.
Los medios de comunicación mencionaron algunos de los afectados: Idoia López Riaño, Mercedes Galdós, Enrique Letona, Carlos Vecino o Juan Pablo Montoya.
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