Indemnización a Revilla

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto ordena ejecutar la responsabilidad civil del abogado Gonzalo Boye, que deberá indemnizar al empresario Emiliano Revilla, por cuyo secuestro por parte de ETA, que tuvo lugar en 1988, fue condenado a pena de prisión y a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), al rechazar que ésta haya prescrito. Pese a contar con el pronunciamiento en contra de la Fiscalía, el tribunal ordena hacer efectivos los embargos que ya se acordaron en su día y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado.

Boye fue condenado en 1996 como autor responsable de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. Un año antes de obtener la libertad condicional había comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales.

Boye alega que la responsabilidad civil reclamada prescribió el 5 de agosto de 2012, 15 años después del "último y único requerimiento de pago efectuado" en este procedimiento, pero la Audiencia Nacional rechaza este argumento al entender que existen "actos para interrumpir" la prescripción. Uno de estos actos es esa investigación patrimonial ordenada por Fiscalía en 2008. Así, una vez que el abogado de Revilla pidió en 2018 reactivar el embargo, la Audiencia Nacional considera que el periodo de prescripción comienza de nuevo en ese momento, de modo que decreta que la responsabilidad civil sigue vigente y ordena investigar el patrimonio de Boye, "con la práctica, en su caso, del requerimiento y los apercibimientos" que resulten necesarios.

El empresario requirió que le embargaran los saldos de las cuentas corrientes de las que fuera titular, la parte proporcional del salario percibido como empleado de Boye-Elbal & Asociados, y de Antena 3 Noticias, así como las cantidades que hubiera percibido del Colegio de Abogados de Madrid, donde había estado dando clases.

Gonzalo Boye se vió obligado a disolver su bufete, Boye-Elbal & Asociados Sociedad Limitada Profesional, solicitando el concurso de acreedores exprés.