La Ertzaintza detiene a cuatro personas tras darse a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional contra siete personas. Sagastizabal, Villaverde, Madrenaz y Morán fueron detenidos en Bilbao y la policía busca a otros tres, dos vascos y un navarro.
La Sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a siete acusados de pertenecer a la organización juvenil Segi a penas de 6 años de cárcel y absolvió a otros nueve al considerar que no está "suficientemente acreditada" su integración en esta organización.
Los condenados son: Marina Sagastizabal Emilio-Yus, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa, Aiala Zaldivar Alvarado, Bergoi Madernaz del Pozo, Igarki Robles Martínez del campo, Xabat Morán Ruiz e Ibon Esteban Scaloni.
Sagastizabal, Barrutiabengoa, Zaldivar y Madernaz, según la sentencia, "participaban activamente en la Gazte Asanblada de Judizmendi, donde concurrían personas de todas las ideologías, afines al independentismo, encargándose de transmitir las directrices de Segi y las actividades a realizar para seguirlas, tales como la colocación de carteles (...) o la ejecución de pintadas".
Los carteles eran siempre proporcionados por Ainhoa Villaverde, y colocados en la vía pública por ésta y Marina Sagastizabal.
En cuanto a los otros tres condenados, la Sala los considera responsables de "taldes" (barrios) de Segi en Vitoria, Bilbao y Pamplona, y uno de ellos, Morán, colaboró "activamente en múltiples ocasiones preparando los conciertos de Segi con la empresa Abar Produkzioak y vendiendo boletos de dicha organización terrorista".
El tribunal también señala que no han quedado acreditados los malos tratos y torturas que algunos de los acusados aseguraron haber padecido cuando fueron detenidos.
El juicio por estos hechos comenzó con 28 acusados, aunque durante la vista oral la Fiscalía retiró la acusación contra 12 de ellos y terminó pidiendo penas de seis años de cárcel para los 16 restantes.
Al día siguiente, la Ertzaintza detuvo a tres jóvenes que se habían encadenado en el Palacio de Justicia de Vitoria en protesta por la condena y detenciones. Fueron acusados de desórdenes públicos y desobediencia.
Los miembros de Segi condenados presentaron una querella ante el Tribunal Supremo contra los tres magistrados de la Audiencia que les impusieron la pena, por entender que al dictar su prisión cometieron "graves irregularidades". Según sus abogados, la ley permite la detención de los condenados aún sin una sentencia no firme, pero el ingreso en prisión está regulado de manera específica. Para ello son necesarias dos condiciones, que según los abogados no se han cumplido: la primera que lo pida el fiscal, lo que no ha ocurrido, y la segunda, que los detenidos sean puestos en un plazo de 72 horas a disposición del tribunal que les condenó, lo que tampoco se cumplió.
En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo anuló las condenas impuestas a Marina Sagastizabal Emilio-Yus, Aiala Zaldivar Alvarado, Bergoi Madernaz del Pozo, Igarki Robles Martínez del Campo y Xabat Morán Ruiz por vulneración del derecho a su presunción de inocencia.
Con respecto a los otros dos, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa e Ibon Esteban Escaloni, el Supremo entiende que sí quedó probada la militancia activa. En el caso de Villaverde, como coordinadora de Segi en Vitoria, y en el de Escaloni, como dirigente del grupo del barrio pamplonés de Rotxapea. Esa condición de miembro activo se vio corroborada con datos como que Villaverde tenía en su poder la anotación de matrículas de coches de la Policía, y el segundo un manual para confeccionar cócteles molotov.
Sin embargo, los jueces sí atienden la petición que formularon las defensas de ambos acusados durante la vista por los recursos celebrada en el Supremo, a la que no se opuso la Fiscalía, de que se les aplique el artículo 579 bis-4 del Código Penal, que permite rebajar las penas cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad por los medios empleados o los resultados producidos, por lo que les rebaja la pena de 6 a 2 años de prisión.
.- Agentes de la Policía Federal de México detienen en la comunidad de Aguascalientes, municipio de Tehuantepec, a Hilario Urbizu San Román por su implicación en varios atentados y robos en la época 1977-1981. Urbizu huyó a raíz de saberse buscado, se casó en México, adoptó la nacionalidad de dicho país y tuvo varios hijos. Trabajaba en una empresa maderera en la Sierra de Oaxaca y una vez encarcelado se comprobó tenía un cáncer en estado avanzado. Se le vincula con el asesinato de Sebastián Arroyo en 1980.
En septiembre de 2015, el gobierno mexicano comunicó la denegación de su extradición tras una decisión judicial en el mismo sentido.
