Varios miles de personas participan en Bilbao en una manifestación convocada para denunciar la existencia de la tortura.
Bajo el lema '5.657 torturatu. Aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak' (5.657 personas torturadas. Reconocimiento, reparación y garantías para que no vuelva a repetirse'), la marcha contó con el apoyo de, entre otros, Sortu, EH Bildu o el sindicato LAB y en la misma participaron el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi; el portavoz de la formación, Arkaitz Rodríguez; la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, la diputada Marian Beitialarrangoitia o la integrante del Consejo Nacional de Sortu Elena Beloki, entre otros.
Al finalizar la marcha, Ixone Fernández y Eneko Conpains, leyeron un comunicado.
.- Un grupo ligado a la izquierda abertzale (ATA) había convocado (con el apoyo de Herritar Batasuna) una manifestación contra la "represión" que partió desde la plaza de San Francisco en Pamplona. La marcha no fue comunicada a la Delegación del Gobierno y aparecía bajo el lema “Errepresioari autodefentsa” y aparecía como una “manifestación nacional” contra la represión y por la autodefensa. “Errepresioari autodefentsa” es el nombre de una nueva “dinámica” dentro de los sectores descontentos con la nueva línea política de Sortu, y que fue presentada el pasado 1 de febrero, en un comunicado acompañado por una fotografía de dos portavoces enmascarados. En dicho comunicado ya se anunciaba esta manifestación.
El nombre de esa iniciativa ha sido empleado en pintadas contra partidos como el PSE o el PNV a partir de entonces, como en Hernani, el barrio donostiarra de El Antiguo y en Tolosa.
A la altura de la calle Navarrería un grupo de encapuchados comenzaron a lanzar objetos a la policía y a los escaparates de varios comercios, muchos de los cuales tuvieron que cerrar.
Los encapuchados destruyeron un cajero automático y quemaron al menos seis contenedores entre las calles Navarrería y Mercaderes. Dos policías resultaron heridos.
EH Bildu criticó los incidentes ante lo cual el Movimiento pro Amnistía y contra la Represión acusó a Bildu de haber nacido “para amortiguar las ansias de lucha y para encaminar a las ovejas negras al redil de las instituciones fascistas, convirtiéndose así en el mayor soporte para los pilares de la violencia estructural del sistema capitalista y transformándose en elemento básico para perpetuar el sometimiento de la clase trabajadora”. Consideran que Bildu es "el mayor soporte para los pilares de la violencia estructural del sistema capitalista" y pretenden denunciar que el partido de Joseba Asirón y Adolfo Araiz en Navarra se ha erigido en un "elemento básico para la perpetuación del sometimiento de la clase trabajadora".
Cuatro personas, todas ellas con domicilio en Rentería, fueron detenidas con motivo de los altercados. El juez dejó en libertad a uno de ellos, por ser menor de edad, y al resto (Asier Petrirena B., Rubén Iglesias B., Endika Etura M.) les imputó los delitos de «desórdenes públicos y terrorismo», por lo que remite la causa a la Audiencia Nacional. El juez justifica su decisión en «la extrema gravedad de los hechos», «las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia» y la «probabilidad de reiteración delictiva».
Otras 12 personas fueron identificadas en los meses siguientes a través del visionado de diferentes imágenes. Estos jóvenes, cuatro navarros y ocho guipuzcoanos, conocieron su imputación por terrorismo tras comparecer ante la juez Lamela de la Audiencia Nacional.
Tres meses después, la Sala Segunda del Tribunal Supremo resolvió el conflicto competencial que se produjo entre la Audiencia Provincial de Navarra y la Audiencia Nacional a favor de esta última instancia.
La decisión del juzgado de Pamplona de inhibirse fue recurrida por la defensa de las familias, algo que estimó parcialmente la Audiencia Provincial de Navarra. Esta, a través de la Sección Primera, mantuvo la prisión para los jóvenes, pero consideró competente para la investigación del caso al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, el primero que recibió la causa, al considerar que se trataba de un delito grave de desórdenes públicos, pero no de terrorismo. Un pronunciamiento que generó un conflicto competencial que forzó al Tribunal Supremo a decidir qué Sala se haría cargo de la instrucción de los altercados.
El 30 de octubre siguiente, la juez no tomó medidas cautelares contra ninguno de los doce investigados llamados a declarar en relación con los disturbios del 11 de marzo, al no haber estado presente la Fiscalía durante el interrogatorio y no haber pedido medidas contra ellos.
El 7 de noviembre de 2017, quedaron en libertad condicional sin fianza los tres jóvenes de Rentería.
.- Un grupo ligado a la izquierda abertzale (ATA) había convocado (con el apoyo de Herritar Batasuna) una manifestación contra la "represión" que partió desde la plaza de San Francisco en Pamplona. La marcha no fue comunicada a la Delegación del Gobierno y aparecía bajo el lema “Errepresioari autodefentsa” y aparecía como una “manifestación nacional” contra la represión y por la autodefensa. “Errepresioari autodefentsa” es el nombre de una nueva “dinámica” dentro de los sectores descontentos con la nueva línea política de Sortu, y que fue presentada el pasado 1 de febrero, en un comunicado acompañado por una fotografía de dos portavoces enmascarados. En dicho comunicado ya se anunciaba esta manifestación.El nombre de esa iniciativa ha sido empleado en pintadas contra partidos como el PSE o el PNV a partir de entonces, como en Hernani, el barrio donostiarra de El Antiguo y en Tolosa.
A la altura de la calle Navarrería un grupo de encapuchados comenzaron a lanzar objetos a la policía y a los escaparates de varios comercios, muchos de los cuales tuvieron que cerrar.
Los encapuchados destruyeron un cajero automático y quemaron al menos seis contenedores entre las calles Navarrería y Mercaderes. Dos policías resultaron heridos.
EH Bildu criticó los incidentes ante lo cual el Movimiento pro Amnistía y contra la Represión acusó a Bildu de haber nacido “para amortiguar las ansias de lucha y para encaminar a las ovejas negras al redil de las instituciones fascistas, convirtiéndose así en el mayor soporte para los pilares de la violencia estructural del sistema capitalista y transformándose en elemento básico para perpetuar el sometimiento de la clase trabajadora”. Consideran que Bildu es "el mayor soporte para los pilares de la violencia estructural del sistema capitalista" y pretenden denunciar que el partido de Joseba Asirón y Adolfo Araiz en Navarra se ha erigido en un "elemento básico para la perpetuación del sometimiento de la clase trabajadora".
Cuatro personas, todas ellas con domicilio en Rentería, fueron detenidas con motivo de los altercados. El juez dejó en libertad a uno de ellos, por ser menor de edad, y al resto (Asier Petrirena B., Rubén Iglesias B., Endika Etura M.) les imputó los delitos de «desórdenes públicos y terrorismo», por lo que remite la causa a la Audiencia Nacional. El juez justifica su decisión en «la extrema gravedad de los hechos», «las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia» y la «probabilidad de reiteración delictiva».
Otras 12 personas fueron identificadas en los meses siguientes a través del visionado de diferentes imágenes. Estos jóvenes, cuatro navarros y ocho guipuzcoanos, conocieron su imputación por terrorismo tras comparecer ante la juez Lamela de la Audiencia Nacional.
Tres meses después, la Sala Segunda del Tribunal Supremo resolvió el conflicto competencial que se produjo entre la Audiencia Provincial de Navarra y la Audiencia Nacional a favor de esta última instancia.
La decisión del juzgado de Pamplona de inhibirse fue recurrida por la defensa de las familias, algo que estimó parcialmente la Audiencia Provincial de Navarra. Esta, a través de la Sección Primera, mantuvo la prisión para los jóvenes, pero consideró competente para la investigación del caso al Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, el primero que recibió la causa, al considerar que se trataba de un delito grave de desórdenes públicos, pero no de terrorismo. Un pronunciamiento que generó un conflicto competencial que forzó al Tribunal Supremo a decidir qué Sala se haría cargo de la instrucción de los altercados.
El 30 de octubre siguiente, la juez no tomó medidas cautelares contra ninguno de los doce investigados llamados a declarar en relación con los disturbios del 11 de marzo, al no haber estado presente la Fiscalía durante el interrogatorio y no haber pedido medidas contra ellos.
El 7 de noviembre de 2017, quedaron en libertad condicional sin fianza los tres jóvenes de Rentería.
En mayo de 2018 fueron juzgados los cuatro jóvenes (Asier, Rubén, Endika y Julen) en la Audiencia Nacional con una petición fiscal de siete años de prisión.
Finalmente, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Asier Petrirena, Rubén Iglesias, Endika Etura y Julen Prado a dos años de cárcel por un delito de desórdenes públicos.
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