Agentes de seguridad de México -con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía de España- detienen de madrugada en Puerto Vallarta (estado de Jalisco) a Itziar Alberdi Uranga (nacida en 1963) y a Juan Jesús Narváez Goñi (nacido en 1961), antiguos miembros de ETA a los que se perdió la pista hacía 22 años. Ambos pertenecieron al "comando Ekaitz" al que se le achacan diversos asesinatos. Ella trabajaba en un centro de yoga y él en un centro de masaje como quiropráctico. Al parecer llevaban muchos años desvinculados de la banda terrorista y vivían con identidades falsas.
Al día siguiente fueron enviados en avión a España junto a sus dos hijos, de 17 y 19 años, nacidos en México.
Narváez fue juzgado en febrero de 2015 por su posible participación en el asesinato de dos policías en Barcelona en diciembre de 1991.
Alberdi fue juzgada por la muerte de tres artificieros de la policía por la explosión de un paquete-bomba en julio de 1991. En abril de 2015, la Audiencia Nacional la condenó a un total de 119 años de cárcel por este hecho al considerar que buscó la agencia de transportes de Valladolid desde la que se envió el paquete con la carga explosiva el 25 de junio de aquel año. Aunque la Sala reconocía que “no existe prueba directa” sobre la participación de Alberdi en el atentado, consideró que existía una “pluralidad de indicios periféricos interrelacionados entre sí y acreditados” que permiten atribuirle la acción.
En noviembre siguiente, el Tribunal Supremo estimó el recurso de la condenada al estimar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia al condenarla sin que existieran pruebas suficientes de su participación en los hechos. Por tanto, la Sala de lo Penal acordó absolverla de los delitos de atentado, asesinatos terroristas, y estragos, por los que había sido condenada.
La Audiencia Nacional condenó en diciembre de 2015 a 296 años de cárcel a los dos etarras como autores del envío de un paquete bomba desde una empresa de mensajería de Toledo a su central en Madrid que el 12 de junio de 1991 provocó la muerte de dos agentes de los Tedax que intentaban desactivarlo. Los agentes Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez se hicieron cargo del paquete y lo llevaron a la furgoneta policial que habían aparcado frente a la empresa. En el momento en que se disponían a examinar el artefacto, éste hizo explosión causando la muerte de los dos artificieros.
En diciembre de 2015, la Audiencia Nacional condenó a 104 años y 4 meses de cárcel al etarra Narváez Goñi, como autor de un atentado con coche bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Torremolinos, en el que resultaron heridas 3 mujeres y una niña, el 16 de abril de 1991. La principal prueba en la que se basa la sección primera de la Sala de lo Penal para condenarle es la adquisición en abril en Málaga del vehículo de segunda mano usado como coche bomba. Compra que el mismo admitió en el juicio haber hecho por orden de miembros de ETA, aunque creyendo que iban a utilizarlo para sus desplazamientos, y explicó que después se lo entregó a otra persona, a la que no quiso identificar, quizá Urrusolo Sistiaga.
Narváez fue juzgado en febrero de 2015 por su posible participación en el asesinato de dos policías en Barcelona en diciembre de 1991.
Alberdi fue juzgada por la muerte de tres artificieros de la policía por la explosión de un paquete-bomba en julio de 1991. En abril de 2015, la Audiencia Nacional la condenó a un total de 119 años de cárcel por este hecho al considerar que buscó la agencia de transportes de Valladolid desde la que se envió el paquete con la carga explosiva el 25 de junio de aquel año. Aunque la Sala reconocía que “no existe prueba directa” sobre la participación de Alberdi en el atentado, consideró que existía una “pluralidad de indicios periféricos interrelacionados entre sí y acreditados” que permiten atribuirle la acción.
En noviembre siguiente, el Tribunal Supremo estimó el recurso de la condenada al estimar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia al condenarla sin que existieran pruebas suficientes de su participación en los hechos. Por tanto, la Sala de lo Penal acordó absolverla de los delitos de atentado, asesinatos terroristas, y estragos, por los que había sido condenada.
La Audiencia Nacional condenó en diciembre de 2015 a 296 años de cárcel a los dos etarras como autores del envío de un paquete bomba desde una empresa de mensajería de Toledo a su central en Madrid que el 12 de junio de 1991 provocó la muerte de dos agentes de los Tedax que intentaban desactivarlo. Los agentes Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez se hicieron cargo del paquete y lo llevaron a la furgoneta policial que habían aparcado frente a la empresa. En el momento en que se disponían a examinar el artefacto, éste hizo explosión causando la muerte de los dos artificieros.
En diciembre de 2015, la Audiencia Nacional condenó a 104 años y 4 meses de cárcel al etarra Narváez Goñi, como autor de un atentado con coche bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Torremolinos, en el que resultaron heridas 3 mujeres y una niña, el 16 de abril de 1991. La principal prueba en la que se basa la sección primera de la Sala de lo Penal para condenarle es la adquisición en abril en Málaga del vehículo de segunda mano usado como coche bomba. Compra que el mismo admitió en el juicio haber hecho por orden de miembros de ETA, aunque creyendo que iban a utilizarlo para sus desplazamientos, y explicó que después se lo entregó a otra persona, a la que no quiso identificar, quizá Urrusolo Sistiaga.
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