Atentado fallido contra casa-cuartel

Agentes de la Guardia Civil desactivan sobre las 17:30 un artefacto compuesto por tres granadas contra carro, de marca MECAR modelo HEAT, de calibre 83 milímetros, cada una de las cuales se encontraban alojadas en un tubo de PVC para su lanzamiento orientado hacia la fachada sur de la casa cuartel de Comillas (Santander). Cada granada contenía 450 gramos de pentrita.

Sin embargo, el dispositivo no funcionó porque, aunque en el reloj se activó el mecanismo de ignición, una de las granadas tenía mal soldado el cable del circuito y en las otras dos los percutores no incidieron adecuadamente en los estopines de las granadas.

Como los artefactos no hicieron explosión a las 4 de la mañana, como estaba planeado, minutos antes de las cinco de la tarde de ese día los miembros del comando llamaron al diario 'Egin' en nombre de la banda terrorista advirtiendo de la presencia de las granadas. Poco antes, sobre las 15.45, unos turistas alertaron de la existencia de una bolsa sospechosa situada frente a la fachada posterior del cuartel y junto a un camino que conduce a la playa de Comillas. El envoltorio estaba tapado entre la hierba. Técnicos en desactivación de explosivos de la Guardia Civil, se trasladaron urgentemente desde Santander y retiraron el material.

Uno de los tubos apuntaba directamente a la vivienda del sargento-comandante del puesto, donde vive con su mujer y dos hijos, además de su madre, que se encontraban esos días en Comillas. Los otros dos estaban dirigidos a otros puntos del cuartel, en el que también viven habitualmente dos guardias: J. M. B., con su mujer y su bebé, y otro matrimonio.

En los juicios que se celebraron después por este atentado, la Sala consideró probado que el comando "Katu", integrado por Eneko Gogeaskoetxea y Kepa Arronategi, colocaron este artefacto el día anterior en el margen derecho de la carretera comarcal Barreda-La Revilla a la altura del kilómetro 20,450. En el momento ideado para la explosión, un total de 11 personas se encontraban en el cuartel, todos ellos agentes de la Guardia Civil o familiares, que sufrieron daños psicológicos a consecuencia del atentado frustrado. El tribunal decidió imponer a cada uno 14 años de cárcel por cada uno de los once delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y a otros 7 años por un delito de estragos en grado de tentativa (un total de 161 años).