Instituciones Penitenciarias ha fijado nuevos criterios para decidir qué expedientes de presos con enfermedades “muy graves” remite a los jueces para que estudien su excarcelación. En 2017, el Gobierno del PP determinó solo tener en cuenta criterios temporales. Ahora, se valorará también la calidad de vida.
El nuevo protocolo fue firmado el 17 de diciembre por el máximo responsable de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, y entró en vigor cuatro días más tarde. En él se fija el “procedimiento para la emisión de informe médico y tramitación de la suspensión de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave con padecimientos incurables”. La instrucción deroga expresamente la anterior directiva, en vigor desde febrero de 2017.
Una vez completado un formulario, el director de la prisión decidirá si existe “peligro patente” para la vida del preso. En ese caso, enviará el expediente de manera urgente al juez de Vigilancia Penitenciaria para que decida si es excarcelado. En caso de que no exista ese riesgo inminente, la información será enviada a la Junta de Tratamiento de la prisión —en la que participan diversos profesionales de la cárcel— para que valoren el paso al tercer grado o régimen de semilibertad.
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