El Ministerio del Interior anuncia cinco nuevos traslados de presos de ETA a cárceles más cercanas a sus domicilios de referencia. Entre los presos beneficiados están:
Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias «Hankas», detenido en marzo de 1998, será trasladado del centro de Valencia al de Zaragoza. Fue condenado por su participación en diversos asesinatos, incluidos el de Miguel Peralta Utrera, teniente de la Escala Auxiliar de Ingenieros del Ejército de Tierra; el del general del Ejército de Tierra Juan José Hernández Rovira; el sargento Miguel Ángel Ayllón; el matrimonio Jiménez-Becerril; y por el triple crimen cometido en Madrid el 29 de julio de 1994.
Maite Pedrosa Barrenchea será trasladada a Zuera (Zaragoza) desde Valencia. Participó en el atentado que acabó con la vida de Fernando Jiménez Pascual, agente de la Guardia Civil, en 1994, y en el asesinato del sargento Ayllón. También fue condenada a 12 años por el asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, en el que ejerció el papel de cómplice. Fue detenida en Sevilla junto al anterior.
Oskarbi Jáuregui Amundarain y Oier Andueza serán trasladados directamente a cárceles vascas. El primero de ellos a la de San Sebastián procedente de La Coruña. Fue condenado por el envío de un paquete bomba al periodista Gorka Landaburu, que perdió cuatro dedos; y por otro hecho similar contra el decano de los abogados de Guipúzcoa, José María Muguruza. También fue condenado a 20 años de prisión como cómplice del asesinato del mando de la Ertzaintza Mikel Uribe.
Por su parte, Andueza será enviado a Basauri, muy cerca de Bilbao. A este individuo se le atribuyen los delitos de falsificación documental, dos tentativas de asesinato, robo con violencia y detención ilegal.
Por último, José Ángel Lerín llegará a Zuera desde Cádiz. Fue condenado por la colocación de una mochila-bomba en el hotel Port Denia de Alicante cuya explosión causó cinco heridos.
De esta forma, son ya 98 los presos de ETA que han sido trasladados desde la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, según fuentes periodísticas. De ellos, 88 pueden considerarse acercamientos, ya que se realizaron a cárceles del País Vasco y las provincias limítrofes. Asimismo, se han concedido 15 terceros grados.
Según Etxerat, desde septiembre de 2018 en España se han trasladado a cárceles más cercanas a 77 presos del colectivo que controlan. Anunciados y pendientes de culminar el traslado, 13.
A día de hoy, 197 miembros de la organización terrorista permanecen en prisiones españolas, según los datos de Instituciones Penitenciarias.
El conjunto de reclusos en Francia y España es de 229, de los que nueve no pertenecen al EPPK y algunos de estos últimos forman parte de los críticos de ATA. Cinco de los trasladados tampoco forman parte del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos.
Según Sortu, de los acercados, 17 se encuentran ya en libertad tras haber agotado íntegramente sus condenas o, como en tres de los casos, tras acceder a la libertad condicional previa. De los traslados anunciados en los meses de octubre y noviembre, catorce de ellos no se han materializado o no han llegado aún al destino anunciado. Y uno no va a realizarse porque a la presa le llegó el final de la condena mientras se encontraba en tránsito a la prisión de Logroño.
De los 189 reclusos que son pertenecientes al EPPK, 129 se encuentran en primer grado de clasificación o régimen cerrado. De ellos, a 83 se les aplica el artículo 91.2 del Reglamento Penitenciario, que fija un régimen cerrado estricto. A otros 42, el artículo 100.2 de la citada normativa, que establece un régimen cerrado con un principio de flexibilidad. Otros 56 se acogen a segundo grado o régimen ordinario. Otros ocho reclusos disfrutan de tercer grado.
De acuerdo con las cifras de Sortu, 169 presos se encuentran fuera de las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, y 20 de ellos en las cárceles de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. Del total, 51 están entre 800 y 1.100 kilómetros de distancia de su domicilio, 35 presos entre 500 y 800 kilómetros y 56 entre 250 y 550 kilómetros. Del conjunto, 15 son mayores de 65 años y están internos en prisiones españolas y otros cinco en Francia.
En la actualidad, 65 de los presos han cumplido ya tres cuartas partes de la condena y podrían por ley optar a la libertad condicional. Sin embargo, para ello son requisitos imprescindibles estar clasificado en segundo grado y haber disfrutado de permisos ordinarios de salida.
