La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado el traslado de ocho presos de ETA a prisiones del norte de España.
José Antonio Borde Gaztelumendi, 'Putxa', un histórico del comando Bizkaia autor del asesinato de dos guardias civiles, será trasladado de La Coruña a Soria. En 2002 fue extraditado a España desde México acusado de una veintena de atentados, cometidos entre 1978 y 1983. Prisiones destaca que el pasado año cumplió las tres cuartas partes de la pena, que asume la legalidad penitenciaria, ha manifestado su rechazo a la violencia y ha reconocido el dolor causado.
Los hermanos Ibai y Mikel Xabier Ayensa Laborda abandonarán la cárcel de Lugo e irán a la de Logroño.
La pareja Itziar Alberdi y Juan Jesús Narváez Goñi irá también a la cárcel riojana y abandonará la madrileña de Estremera.
A la prisión de Álava será trasladado Karmelo Lauzirika (desde Castellón). En 2007, la Audiencia Nacional le condenó a 50 años de cárcel por colocar el 6 de diciembre de 2004 cuatro bombas que explotaron en tres cafeterías de Valladolid, León y Ávila y el aparcamiento del zoológico de Santillana del Mar (Cantabria).
También arrepentido y desvinculado de la banda se ha manifestado José Juan García González, que será trasladado desde Valladolid a Álava. Ingresó en prisión el 29 de junio de 2018 y cumple una condena de 16 años por el delito de organización terrorista.
Aitor Esnaola Dorronsoro dejará la cárcel de Ocaña (Toledo) e ingresará en la de Soria. Esnaola ingresó en la cárcel en abril de 2011 y cumple una condena de 18 años, cuyas tres cuartas partes verá satisfechas en 2024. Prisiones asegura que acepta la legalidad penitenciaria y ha enviado un escrito en el que manifiesta su rechazo a la violencia y reconoce el daño causado.
“La dispersión y alejamiento de presos fue parte de la política antiterrorista, pero desaparecido el terrorismo, no tiene sentido. Se impone el traslado para facilitar la reinserción de los presos”, señala Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco. Grande-Marlaska basa su política en el artículo 25.2 de la Constitución y en el 12 del Reglamento Penitenciario que avalan el cumplimiento de la condena en cárceles próximas al lugar de arraigo. Los traslados los deciden las Juntas de Tratamiento de las prisiones, de manera individualizada, en función del comportamiento de los presos; grado de clasificación, el tiempo cumplido de condena y el reconocimiento del daño causado. Instituciones Penitenciarias informa de todos los movimientos a las asociaciones de víctimas del terrorismo. “Lo importante es que cumplan la condena. Nos da lo mismo dónde. Lo única que pedimos al ministro es que no les trasladen a cárceles vascas, salvo que se arrepientan. No nos fiamos del Gobierno vasco si el Estado le traspasa la competencia de prisiones. Un ministro de Interior nos escucha por primera vez”, señala Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite (Coordinadora de Víctimas del Terrorismo).
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