Puesta en libertad

El preso de ETA Xabin Usandizaga Galarraga sale en libertad tras cumplir 23 años de prisión (fue detenido el 3 de julio de 1997) de los más de 200 años que sumaban las distintas penas a las que fue condenado. Usandizaga terminó el cumplimiento de su condena el 2 de abril según Etxerat, por lo que "ha sido retenido en la prisión de Córdoba, en la que se encontraba encarcelado, durante 33 días" de más.

Entre otras penas, la Audiencia Nacional condenó en 1999 a 26 años de prisión a Sabino Usandizaga, por el atentado que perpetraron el 13 de mayo de 1985 contra el guardia civil Francisco Arias Cuadrado, en Mondragón. La sentencia consideró probado que José Miguel Gaztelu, Javier Ugarte y Usandizaga colocaron un artefacto explosivo bajo las ruedas del vehículo particular del guardia civil Arias Cuadrado, destinado en Oñate, pero que visitaba con frecuencia Mondragón. La bomba explotó cuando Arias puso en marcha el vehículo. La explosión le causó lesiones de las que tardó en curar 246 días y desperfectos en inmuebles y vehículos próximos.

En noviembre de 2000, la Audiencia Nacional condenó a 36 años de prisión a cinco etarras por adquirir maquinaria para fabricar armas y construir el habitáculo donde estuvieron secuestrados José Antonio Ortega Lara y Julio Iglesias Zamora. Esto eran Sabino Usandizaga Galarraga, Javier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidarguren, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Jesús María Uribecheverría Bolinaga por los delitos de pertenencia a banda armada, depósito de armas y tenencia de explosivos. El Tribunal dictaminó que Usandizaga y Ugarte formaron en 1978 el 'comando Bellotxa' cuya función era atentar contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que Erostegui, Uribecheverria y Gaztelu pasaron a formar parte de ETA a mediados de 1983.

Usandizaga Galarraga fue detenido en 1997 a raíz de la captura de la célula que mantenía secuestrado al funcionario José Antonio Ortega Lara. En diversos procesos fue condenado a penas que sumaban más de 200 años de cárcel. La Audiencia Nacional refundió las condenas y fijó un tiempo máximo de cumplimiento de 30 años.