La constitución ante notario fue al día siguiente y en el acta se refiere que el día 31 de enero fue el acuerdo de fundar dicho partido político.
En el artículo 3 de los estatutos se afirma que:
- "Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas".
- "Rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores".
- "Rechazo de las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo, tal y como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del Artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, cuyos contenidos lineales se dan por reproducidos e integrados en esta declaración".
- "Rechazo de quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo, oponiéndose, de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos".
- "Rechazo de cualquier clase de connivencia política y organizativa con la violencia, con las formaciones y los instrumentos políticos que han sido legalizados por razón de esa connivencia, así como cualquier manifestación de ese fenómeno terrorista".
Semanas más tarde, la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo admitió a trámite la demanda del abogado del Estado contra la inscripción de Sortu y se suspendió la inscripción. Según se publicó, nueve magistrados votaron a favor de prohibir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, y siete en contra, en un hecho sin precedentes en los procesos de ilegalización de formaciones políticas.
En abril, el Tribunal Supremo concluye que el nuevo partido supone "una amenaza para la democracia" y que responde "a una estrategia de ETA" que busca "suceder" a la ilegalizada Batasuna.
La defensa de Sortu recurrió ante el Tribunal Constitucional la prohibición de su inscripción ya que "supone una 'ilegalización preventiva "que pone en riesgo al propio Estado constitucional".
Finalmente, el 20 de junio de 2012, el Tribunal Constitucional legalizó a Sortu por 6 votos a 5.
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