Espionaje a HB

Un dispositivo de espionaje es localizado durante una modificación de la instalación telefónica que se iba a acometer en el local de HB en Vitoria, a raíz de la cual se descubrieron varias conexiones acopladas a equipos que permitían la interceptación, escucha y grabación de las comunicaciones que se efectuaban desde la sede. El diario 'Egin' informó en los siguientes días de este hecho con detalles de los implicados, lo que obligó al ministro de Defensa, Eduardo Serra, a comparecer en el Congreso, donde anunció la destitución de un coronel y un capitán destinados en la División Interior del servicio secreto. 

Al parecer las escuchas podrían haberse producido entre 1994 y 1998.

El Ministerio Público consideró los hechos constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por los que solicitó dos años y seis meses de prisión y ocho de inhabilitación absoluta, así como una multa de 7.212 euros para cada uno de los dos acusados enjuiciados.

Finalmente, en 2003, la Audiencia Provincial de Alava condenó a los exdirectores del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón a penas de tres años de prisión y ocho de inhabilitación por las escuchas ilegales.

El fallo judicial sostiene que estas actividades "sólo pudieron realizarse a través de unas órdenes concretas, de las personas que dieron su pleno consentimiento y facilitaron los medios materiales y económicos para realizarlas".

Así, la Audiencia determina que Manglano, director del Cesid (luego CNI) desde 1988 hasta 1995, "conoció, apoyó y facilitó los medios necesarios para realizar estas actividades" con la intención de "controlar la actividad política de sus miembros y cargos públicos". Añade que Calderón, director del centro cuando se descubrieron las escuchas, "conoció la existencia del operativo" y "aseguró" su ejecución.

El tribunal también declara culpables a los agentes Mario Cantero González y Francisco Buján González, a los que se responsabiliza de ser los autores materiales de las escuchas. A ambos les condena a dos años y medio de prisión y a seis de inhabilitación absoluta. Otros dos agentes imputados por la acusación particular, Víctor Casterán y Francisco Millán, fueron absueltos.