lunes, 16 de septiembre de 2019

Juicio con acuerdo

La Audiencia Nacional celebra durante sólo 30 minutos el último macrojuicio a ETA, en el que se sentaban en el banquillo de los acusados 47 abogados y colaboradores por delitos de integración y colaboración en organización terrorista, enaltecimiento, quebrantamiento de medida cautelar y financiación del terrorismo. Cada uno de los encausados ha reconocido los hechos y su participación: "Sí", han respondido unos. "Bai" -sí, en euskara-, han contestado otros a preguntas del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que modificó su escrito de conclusiones y redujo su petición de penas. La Audiencia condena así a todos los procesados por su implicación en el denominado frente de makos de ETA que, entre otras labores, tenía como principal misión controlar a los presos de la organización terrorista.

Los considerados responsables de este entramado, Arancha Zulueta y Jon María Enparantza son los que más penas de cárcel reciben: Zulueta tres años, seis meses y 17 días y Jon María Enparantza, dos años, siete meses y tres días A otros diez implicados, se les condena a dos años de prisión y al resto, un año y seis meses.

Según el escrito de acusación, el órgano de ETA denominado "KT/Koordinazioa taldea" (grupo de coordinación) lo integraban Zulueta, Enparantza, y los acusados José Luis Campo, Aitziber Sagarminaga, José Miguel Almandoz, Egoitz López de la Calle, Asier Aranguren y Aintzane Orcolaga. 

KT se creó en 2003 por decisión de la dirección de ETA y por sugerencia de su frente jurídico, Halboka, con el objeto de dirigir la estructura del llamado frentes de cárceles "de forma integral, garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad a ETA. Ejerciendo dicha función siempre de forma subordinada a la organización terrorista y de acuerdo a las directrices generales que ETA le hacía llegar". 

El Frente de Cárceles quedaba configurado en el año 2003 sobre dos elementos principales: el EPPK y el denominado Movimiento Pro Amnistía, AMM, (formado por Askatasuna, Etxerat y otras organizaciones que trabajan de forma sectorial a favor de los miembros del EPPK), de tal manera que ETA delegaba la dirección política del EPPK en el KT y también delegaba la dirección política del AMM en Gestoras Pro Amnistía/Askatasuna.

De la documentación intervenida a miembros de ETA se desprende que en el KT estarían representados el propio EPKK "a través de miembros del KT y las organizaciones y colectivos del entramado de apoyo a los presos de ETA (Herrira, Etxerat, Jaiki Hadi y el 'colectivo de abogados-BL')". Entre este grupo de abogados, se encuentran Alfonso Zenón, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregui, Ane Ituiño, Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Arantza Aparicio, Onintza Ostolaza, Haizea Ziluaga, Amaia Izko (concejal de Bildu), Jaione Carrera y Atxarte Salvador.

Por su parte, el Colectivo de Abogados, era ya entonces una estructura formada por abogados en activo, (los "bertsolaris"o "pintores") que, sirviéndose de su condición de letrados, además de asistir jurídicamente a los miembros del EPPK, realizaban funciones de "asistencia política" a los mismos. Además, recopilaban y centralizaban todo tipo de información relacionada con los presos que formaban parte de dicho Colectivo, información que se remitía posteriormente a las estructuras de dirección del Frente de Cárceles. 

Entre los acusados estaba el que fuera senador Iñaki Goyoaga, Francisco Javier Balda, integrante del Movimiento Pro Amnistía, impulsor de la iniciativa Egin Dezagun Bidea y portavoz de Herrira; Jon Mintegiaga, Javier Carballido, Nagore San Martín, Fernando Arburua, Oihana Barrios, Izaskun Abaigar, Nagore López de Luzuriaga, Amaia Esnal, Eneko Ibarguren, Ekain Zubizarreta, Roberto Noval, Ibon Meñika, José Antonio Fernández, Oscar Sánchez, Gorka González, Jon Garai, Sergio Labayen, Manu Ugartemendia, Eneko Villegas, Nagore García, Jesús Mari Aldunberri, Beñat Zarrabeitia, Ane Zelaia, Imanol Karrera y Naia Zuriarrain.

Todos los acusados, además, fueron condenados a un año y seis meses de inhabilitación. Entre los 47 integrantes de la trama etarra que se dedicaba, entre otras labores, al control de los presos de ETA, 17 están desempeñando actualmente trabajos con cargo a erarios públicos. 

Las acusaciones particulares, representadas por la Asociación Dignidad y Justicia y la AVT se mostraron conformes.

Las actuaciones contra el frente de cárceles llevadas a cabo por la Guardia Civil recibieron los nombres de Caravana, Pastor y las más conocidas Jaque y Mate.

A final de mes, Arantza Zulueta y Jon Enparantza ingresaron en la prisión alavesa de Zaballa para cumplir los cinco meses de condena que les restaban, en ejecución firme de la sentencia del macrojuicio 11/13. Durante los siguientes días, Enparantza recorrió varios centros penitenciarios hasta llegar a la prisión madrileña de Estremera. Días más tarde, se produjo el traslado de Zulueta a Valencia. El 10 de febrero de 2020 salieron en libertad.

A finales de mes, Amaia Izko, concejala electa de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, presentó su dimisión formal en el Consistorio pamplonés cumpliendo así con la inhabilitación contenida en la sentencia.


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