En abril de 2010 la Audiencia Nacional sentencia la ilegalidad de esta operación. El día 25 fue puesto en libertad bajo fianza Otamendi y Goia; el 26 salió en libertad bajo fianza Lazkano. Varios de ellos denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas. Por ello, el Tribunal de Derechos Humanos condenó en octubre de 2012 a España.
En junio de 2014, se archivó también la reclamación económica contra ocho de sus directivos al considerarse prescritos los posibles delitos de fraude en la adjudicación de subvenciones públicas y falsedad contable.
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