Agentes del GAR de la Guardia Civil
detienen en Mondragón (Guipúzcoa) a los etarras Igor
Portu Juanena (29 años) y Martín (Mattin)
Sarasola Yazábal (Ayarzabal) (30 años). En unas mochilas que portaban se
encontraron dos revólveres. El primero de ellos fue hospitalizado por sufrir
lesiones, entre ellas la fractura múltiple de tres costillas. Al día siguiente,
la Guardia Civil
localizó en Nocito (Huesca) –cerca de Sabiñanigo- un “zulo” con diverso
material explosivo y el día 8 otro en las afueras de Lesaca (Navarra).
Como consecuencia de las investigaciones se identificó al resto del “comando”
Elurra, que actuaba bajo las órdenes de José Antonio Araníbar: Mikel San Sebastián Gaztelumendi y José Iturbide Otxoteko. Este grupo fue el responsable
del atentado contra la T-4
de Barajas y había efectuado vigilancias el mes pasado para colocar un
coche-bomba en la zona de Azca de Madrid.
La Guardia Civil
identificó a otros posibles etarras: Rafael Santiago Azcolain Garmendia, Germán
Domingo Olalde Etxeberría, Oier Eguidazu Bernas, Itziar Plaza Fernández,
Alejandro Zobarán Arriola, Andoni Cengotitabengoa Fernández, Aitor Mokoroa
González y Garikoitz Ibarlucea Murua.
Portu y Sarasola fueron condenados a 17
años y medio de prisión.
Cuatro guardias civiles fueron condenados en diciembre
de 2010 por torturas a Portu y Sarasola: la pena mayor fue para el sargento
Juan Jesús Casas (4 años y medio), mientras que el cabo José Manuel Escamilla
lo fue a 2 años y medio; los guardias Sergio García Andrade y Sergio Martínez
Tomé fueron condenados a dos años. Todos ellos además tienen distintas penas
accesorias, entre ellas la de inhabilitación. En noviembre de 2011, el Tribunal
Supremo anuló estas condenas.
El 13 de febrero de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia por la que condenó a España por trato inhumano y degradante a Igor Portu Juanenea y a Martin Sarasola Yarzábal obligando a España a indemnizarles con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.
El 13 de febrero de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia por la que condenó a España por trato inhumano y degradante a Igor Portu Juanenea y a Martin Sarasola Yarzábal obligando a España a indemnizarles con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.
Por las vigilancias en la zona de Azca (Madrid), Igor Portu y Sarasola fueron condenados a 4
años de prisión cada uno por el Tribunal Supremo.
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