Entrega a España

Las autoridades francesas entregan a España al miembro de ETA Alvaro Juan Arri Pascual, alias Carlos y Munipa, en cuyo historial policial figura, además de pertenencia a los comandos Madrid y Vizcaya de la organización terrorista en los años 90, la participación en siete atentados con el resultado de seis muertes. La de Arri Pascual es la segunda extradición de un miembro de ETA en lo que va de año. La primera tuvo lugar el 10 de enero, cuando fue entregada por las autoridades suizas la presunta etarra Gabrielle Kanze.

Entre los atentados cuya participación se atribuye a Arri destaca el cometido el 29 de julio de 1994 en la plaza de Ramales de Madrid, en el que murió asesinado el teniente general Francisco Veguillas Elice. Arri, nacido en Erandio el 22 de julio de 1969, comenzó su largo historial terrorista en 1991. En julio de ese año se integró, según la ficha policial, en el ‘comando Vizcaya’ y participó el 2l de ese mes en el intento de atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil en Las Arenas (Vizcaya). Siete días después participó presuntamente en la colocación de un nuevo coche bomba contra el mismo cuartel, resultando muerto el guardia civil Carlos Pérez Dacosta e hiriendo a otro compañero de éste. Tras viajar por Cuba, México y Francia, en el año 93 se integró en el ‘comando Madrid’ de ETA, con el que pudo participar en el atentado de la calle López de Hoyos contra una furgoneta militar. Se le acusa de haber participado en el atentado con coche bomba contra un microbús del Ejército del Aire en Madrid. 

Fue detenido en Francia el 23 de noviembre de 1995 en la localidad de Loyat.

Arri fue condenado a 208 años de cárcel por el atentado que causó la muerte al teniente general Veguillas y otras dos personas y a 186 años por el atentado contra el microbús del Ejército del Aire.

Instituciones Penitenciarias autorizó en mayo de 2020 el traslado de Arri Pascual desde la prisión de Castellón II a Burgos cuando las condiciones sanitarias como consecuencia del coronavirus lo permitan. En junio de 2018 completó las tres cuartas partes de la condena y, tras haber asumido la legalidad penitenciaria, la junta de tratamiento del centro castellonense propuso su progresión a segundo grado y su traslado a una prisión próxima a su entorno familiar.