Detenidos por la Ertzaintza

La Ertzaintza detiene a varios jóvenes acusados de participar en actos de violencia callejera. A dos de ellos se les acusa además de colaborar con ETA. Se trata de Zumbeltz Larrea y de Gorka Lupiañez, detenidos en Durango. Al día siguiente se detiene en Galdácano a Jon Crespo y se le acusa también de colaborar con ETA tras admitir que se entrevistó en varias ocasiones con Juan Antonio Olarra.

Crespo fue condenado en julio de 2004 a cuatro años de prisión por incendiar el vehículo de un ertzaina en mayo de 2001.

Zunbeltz Larrea Azpiri, 18 años, está acusado de haber realizado numerosas acciones de terrorismo callejero. Entre ellas, el ataque al Juzgado de Paz de Amorebieta con artefactos explosivos incendiarios que causaron importantes daños y la destrucción de numerosos expedientes el 22 de agosto de 1999. También participó en el ataque al Juzgado de Paz de Elorrio, mediante artefactos incendiarios que provocaron que las dependencias judiciales quedaran completamente calcinadas por el incendio, que se extendió a edificios adyacentes, cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados, el 22 de diciembre del año pasado.

Asimismo, la Policía le atribuye los incendios en sucursales bancarias de diversas localidades de la zona del Duranguesado en las que causaron importantes daños materiales y graves situaciones de peligro para los ciudadanos. En concreto: el Banco Herrero (14-08-01), Banco Guipuzcoano (18-11-01), Banco Vasconia (07-12-01), Banco Bilbao Vizcaya (19-01-02) y Banco Santander Central Hispano (19-01-02).

También se le imputan sendos ataques el 18 de noviembre y el 9 de diciembre del año pasado a las casas del pueblo del PSE-EE de las localidades de Zaldívar y Durango, y atentados con artefactos incendiarios a domicilios o bienes de miembros de la Ertzaintza, el 21 de agosto y el 11 de noviembre del año pasado y el 12 de enero de este año, además de incendios en oficinas de correos, ataque a concesionarios de automóviles y organización de emboscadas a patrullas de la Ertzaintza que se dirigían a restaurar el orden o a proteger a los ciudadanos con ocasión de la ejecución de las acciones descritas. Fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel por colaboración con ETA y depósito de explosivos.

Salió de la prisión de Castellón en marzo de 2018.