lunes, 18 de mayo de 2015

Detenidos para cumplir condena

Un numeroso despliegue de la Ertzaintza cierra todos los accesos a la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria al comenzar el día y establece un cordón policial alrededor de las 200 personas que a manera de "muro popular" rodeaban desde el día anterior a los tres condenados de SEGI que debían haber ingresado en prisión. 

Los jóvenes sentados en el suelo, ataviados con caretas y pelucas para dificultar su identificación, se lanzaron por encima pintura naranja para entorpecer la labor de los ertzainas y algunos se encadenaron a un andamio o a tubos de PVC.

La Ertzaintza comenzó a continuación a llevarse a los concentrados a rastras, en muchos casos con intercambio de golpes; la primera en ser localizada y detenida fue Aiala Zaldibar, que estaba encadenada y unida con un tubo metálico a otras cinco personas. Después fueron arrestados Igarki Robles Martínez del Campo e Ibon Esteban. Todos ellos fueron trasladados primero a dependencias policiales y luego a la prisión de Zaballa.
Según el movimiento Eleak, la Policía autonómica detuvo a 15 personas acusadas de agresiones y resistencia a los agentes de la autoridad, motivo por el cual se ha imputado además a otras 3 personas. Dos de los detenidos, que fueron los últimos en ser puestos en libertad, fueron acusados de "atentado a la autoridad".
La Ertzaintza comunicó que 17 de sus agentes resultaron heridos.
Oier Martínez del Campo - primo de Igarki Robles, y que cumplió 5 años de condena- fue uno de los detenidos por la Ertzaintza, que le imputa un delito de "atentado a la autoridad", además de desobediencia y resistencia.
Tras las detenciones, más de un centenar de personas se concentró en una plaza adyacente a la de la Virgen Blanca, para denunciar los arrestos. El colectivo Gasteizko Harresia presentó 42 denuncias en los Juzgados por "agresiones" de la Ertzaintza.

En un comunicado, la asamblea de bomberos de Vitoria explica que se les requirió, por un lado, para ayudar al servicio de limpieza a retirar unas pancartas utilizando sus vehículos, y, por otro, para separar a las personas que se habían encadenado entre sí en el muro popular.

En ambos casos, decidieron no intervenir argumentando que esas labores no correspondían a los bomberos. «Ante el contexto de tensión que se vivía en la zona de la intervención de las pancartas, los bomberos fueron amenazados con ser detenidos, cosa que no sucedió finalmente», han explicado, aunque han añadido que sí fueron fueron identificados por la Policía Local y se les comunicó que podrían abrirse «diligencias sancionadoras, sin quedar claro si estas serían disciplinarias o penales».
Han subrayado que no intervinieron «al no existir situación de riesgo para personas ni bienes», tanto en el caso de las pancartas como en el de las personas encadenadas. Asimismo, tampoco prestaron sus equipos y herramientas a personas ajenas al servicio, puesto que «muchas de ellas requieren de una capacitación profesional y adiestramiento específico, no pudiendo prestarlas si no podemos garantizar la seguridad de sus usuarios o de terceras personas».


En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo absolvió a Marina Sagastizabal Emilio-Yus, Aiala Zaldivar Alvarado, Bergoi Madernaz del Pozo, Igarki Robles Martínez del Campo y Xabat Morán Ruiz por creer vulnerado el derecho a su presunción de inocencia.
Con respecto a los otros dos, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa e Ibon Esteban Escaloni, el Supremo entiende que sí quedó probada la militancia activa pero atienden la petición que formularon las defensas de que se les aplique el artículo 579 bis-4 del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, que permite rebajar las penas por delitos de terrorismo cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad por los medios empleados o los resultados producidos por lo que les rebaja la pena en dos grados, pasando la condena de 6 a 2 años de prisión.

Madernaz salió en libertad en noviembre de 2015 y se presentó en las listas de EH Bildu como número dos en la lista del Senado en las elecciones del 20 de diciembre de 2015; no salió elegido.

En octubre de 2016, Adam Laamirni y Oier Martínez del Campo fueron juzgados acusados de atentado contra la autoridad. Finalmente el acuerdo entre las partes cambió la acusación a resistencia, y por ello se les impuso una multa por impedir que la Ertzaintza detuviese a los tres condenados por pertenencia a Segi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario