Resolución de la Audiencia Nacional

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza, por once votos contra nueve, plantear la llamada “cuestión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la normativa comunitaria de 2008 de reconocimiento de condenas entre diferentes estados. Esta decisión de la Audiencia supone dejar plenamente firme la doctrina del Tribunal Supremo que impide la acumulación del periodo de cumplimiento de pena en otros países.

La resolución del pleno tiene gran incidencia en los presos de ETA que han purgado penas en Francia, como Santiago Arróspide Sarasola o Alberto Plazaola.

Encontrado arsenal de ETA en Biarritz

Agentes de la policía francesa -con información de la Dirección general de Seguridad Interior que trabaja en colaboración con la Guardia Civil- proceden al registro de la vivienda "Villa Cambarre" en Biarritz (Francia). En ella se encontraron ocultas un total de 26 armas cortas (19 revólveres y 7 pistolas), mil cartuchos de distintos modelos, 30 metros de cordón detonante artesanal, cuatro temporizadores artesanales de ETA, un sistema de iniciación para bombas-lapa, así como dispositivos informáticos, teléfonos móviles y documentación pendiente de estudio.

Además había unos 50 kilos de material para la fabricación de explosivos: 1 kilo de material utilizado para la elaboración de pentrita, 43 kilos de polvo de aluminio, 3,2 kilos de pentrita ya confeccionada y 50 gramos de explosivo diazodinitrophenol (DDPN). 

También había tres garrafas de unos 20 litros de capacidad que contenían sustancias sin identificar aparentemente para la confección de material explosivo. También hallaron 700 placas de matrícula francesas vírgenes, una troqueladora y cifras y letras de acero destinadas a la fabricación de más placas de matrícula.

Con motivo de esta operación, denominada Brique, fue detenida Nathalie Chasseriaux (arquitecta, de 38 años, propietaria de la casa) y su pareja; esta última quedó en libertad durante el fin de semana. Al día siguiente fue detenido Enrique López Jurio, y su pareja; está última también quedó en libertad horas más tarde.

López Jurio (51 años, que tuvo una relación sentimental con Nathalie), natural de Pamplona, había vivido varios años en México tras huir de España en 1985 hacia Francia, donde estuvo dos años. Al parecer volvió a Francia hacia el año 2000 y hasta su detención era profesor de una escuela de euskera para adultos en el País Vasco francés a la que asistía Chasseriaux como alumna.

Según lo publicado, un control de carreteras rutinario de agentes del GAR de la Guardia Civil en Vizcaya, cerca de Cantabria, proporcionó la primera pista que condujo a la localización de las armas. Los efectivos policiales detuvieron de forma aleatoria a varios vehículos y en uno viajaban la propietaria de ‘Villa Cambarre’, Nathalie Chasseriaux, y su familia. En el control identificaron a los viajeros sin encontrar nada anormal en la inspección, salvo que un perro especializado en la detección de explosivos ‘marcó’ el coche como si tuviera ese material.
La información sobre el turismo y el comportamiento del perro fue puesta a disposición de los servicios antiterroristas de la Guardia Civil, quienes, a su vez, la comunicaron a sus colegas de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa. A partir de ahí, los agentes españoles y los galos pusieron en marcha una operación conjunta sobre Chasseriaux, bautizada como ‘Brique’ (ladrillo), que condujo a la localización de la vivienda y de las armas que se ocultaban en su interior.

Al parecer, ETA había reunido este arsenal para hacer un "gesto de desarme", según la declaración prestada ante la juez por Enrique López Jurío y reconoció que fue él quien llevó el material intervenido a la mansión registrada.
Los investigadores piensan que el alijo fue depositado a finales de 2014 en la casona de Biarritz.

Nathalie y Enrique fueron encarcelados en la región de París imputados por asociación de malhechores. La mujer fue puesta en libertad bajo control judicial un mes después.

El día 6 de junio, se hace público en el diario 'Gara' un comunicado de la organización terrorista ETA en el que considera que la operación policial es un "ataque al sellado de armas".
El comunicado dice que "Han atacado el proceso acordado" con la Comisión Internacional de Verificación (CIV) "para dejar fuera de uso operativo las armas de ETA".
ETA, en su comunicado, acusa a Madrid y París de intentar hacer imposible tanto el sellado de los arsenales como "el avance en la resolución del conflicto". La banda terrorista califica a los Gobiernos de España y Francia de "enemigos de la paz". 

Elecciones municipales y autonómicas

Se celebran elecciones municipales en toda España. La coalición EH Bildu consigue 254.524 votos en el País Vasco (23,4% de los votos válidos) y 894 concejales.
Por provincias el resultado fue:

- Álava:        34.758 (21,48%)
- Vizcaya:     112.907 (19,89%)
- Guipúzcoa: 106.859 (29,85%)

En Navarra obtiene 54.676 (16,41%) y 299 concejales.

En las elecciones al Parlamento de Navarra EH Bildu obtuvo 48.166 votos (14,25%) y 8 parlamentarios.

En las elecciones a Juntas Generales dicha coalición obtuvo 242.431 votos (22,73%) y 39 junteros distribuidos así:

- Álava:         32.716   (20,7%) - 11
- Vizcaya:      106.575 (19,16%) - 11
- Guipúzcoa: 103.140 (29,26%) - 17

Tercera asamblea general de Harrera

La asociación asistencial Harrera, que se creó hace 3 años para favorecer la integración social de ex presos de ETA, celebra en Oñate (Guipúzcoa) su tercera asamblea general. Según se explicó, en el último año han atendido 52 casos de expresos y de antiguos huidos, aunque en una entrevista a su vicepresidente Juan Karlos Ioldi (ex preso) explicó que sostienen económicamente a 56 antiguos etarras, de los cuales 21 han encontrado empleo.

La asociación tiene tres secciones: el área de coordinación, que estudia el estado de las personas que vuelven en libertad y sus necesidades básicas; el área administrativa, para cuestiones como el subsidio de excarcelación, trámites o vivienda; y la sección laboral, que busca relaciones empresariales e institucionales para conseguir puestos de trabajo y subvenciones.

La Asamblea fue abierta por el presidente de la asociación, Andoni Iturriotz, y dirigida por la secretaria Ainhoa Erkizia.

En especial se trató la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que elevó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que aclare la situación creada tras una sentencia del Juzgado de lo Social de Eibar, que confirmó la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, que denegó el subsidio de desempleo a Miguel Angel Zarrabe y Luis Mari Azkargorta, salidos de la prisión.

El Tribunal Supremo rectifica a la Audiencia Nacional

Se hace público que el Tribunal Supremo ha decidido anular la reducción de pena por acumulación de condenas que la Audiencia Nacional concedió a Francisco Mujika Garmendia, alias "Pakito", quien está todavía en la cárcel. Fue expulsado de ETA en 2005.

En un pleno no jurisdiccional celebrado el 13 de enero de 2015 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya consideró que la directriz europea que prevé acumular penas cumplidas en los países de la UE no debía llevar a la reducción de pena para presos de modo directo.

La sentencia de ahora señala que debe ser tenida en cuenta esta decisión del pleno "en la que quedan esclarecidas algunas de las incógnitas o dudas que podían persistir sobre la improcedencia de acumular una condena, recaída en otro país y no ejecutada en España".

Dos jueces se han mostrado contrarios a la decisión y tres a favor. La discrepancia radica en que los magistrados que firman el voto particular consideran que antes de establecer una doctrina sobre este asunto el Tribunal Supremo debería plantear una cuestión prejudicial ante la corte encargada de señalar la interpretación que debe hacerse del derecho común europeo.

Múgica Garmendia cumplió desde el año 1992 al 2000 pena en Francia y solicitó que se le acumulara esa pena al cumplimiento máximo que ha recaído sobre él, 30 años, de modo que se restara casi una década al tiempo efectivo que debía permanecer entre rejas. Eso es lo que le concedió la Audiencia y lo que le ha negado ahora el Supremo.

.- La Guardia Civil realiza una operación contra el enaltecimiento del terrorismo en redes sociales en la que son detenidas 19 personas. Por localizaciones, los arrestos se han producido en el País Vasco (12), Barcelona (3), Madrid (1), Segovia (1), Valencia (1) y Vigo (1).
Uno de los detenidos en Baracaldo es Andeka Jurado, quien ya fue condenado por la Audiencia Nacional en 2006 por kale borroka.

Según el Ministerio del Interior, los detenidos ensalzaban los asesinatos de agentes de la autoridad y expresaban en redes sociales su deseo de que se perpetraran atentados contra alcaldes, miembros del Gobierno, jueces y empresarios y se burlaban o ridiculizaban a determinadas víctimas del terrorismo. El Ministerio destaca que la colaboración ciudadana ha sido clave en esta nueva fase de la operación Araña, dirigida y coordinada por el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía.

Los arrestos constituyen la tercera fase de la denominada Operación Araña, llevada a cabo el año pasado y en la que se detuvo en dos fases —abril y octubre— a 21 y 19 personas, respectivamente, en diferentes comunidades autónomas por ese mismo delito.

Alfredo Remírez fue juzgado en febrero de 2017 y condenado a un año de prisión, pero al tener una condena anterior ingresó en prisión de donde salió el 3 de noviembre de 2018.

Detenidos para cumplir condena

Un numeroso despliegue de la Ertzaintza cierra todos los accesos a la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria al comenzar el día y establece un cordón policial alrededor de las 200 personas que a manera de "muro popular" rodeaban desde el día anterior a los tres condenados de SEGI que debían haber ingresado en prisión. 

Los jóvenes sentados en el suelo, ataviados con caretas y pelucas para dificultar su identificación, se lanzaron por encima pintura naranja para entorpecer la labor de los ertzainas y algunos se encadenaron a un andamio o a tubos de PVC.

La Ertzaintza comenzó a continuación a llevarse a los concentrados a rastras, en muchos casos con intercambio de golpes; la primera en ser localizada y detenida fue Aiala Zaldibar, que estaba encadenada y unida con un tubo metálico a otras cinco personas. Después fueron arrestados Igarki Robles Martínez del Campo e Ibon Esteban. Todos ellos fueron trasladados primero a dependencias policiales y luego a la prisión de Zaballa.

Según el movimiento Eleak, la Policía autonómica detuvo a 15 personas acusadas de agresiones y resistencia a los agentes de la autoridad, motivo por el cual se ha imputado además a otras 3 personas. Dos de los detenidos, que fueron los últimos en ser puestos en libertad, fueron acusados de "atentado a la autoridad".

La Ertzaintza comunicó que 17 de sus agentes resultaron heridos.
Oier Martínez del Campo - primo de Igarki Robles, y que cumplió 5 años de condena- fue uno de los detenidos por la Ertzaintza, que le imputa un delito de "atentado a la autoridad", además de desobediencia y resistencia.

Tras las detenciones, más de un centenar de personas se concentró en una plaza adyacente a la de la Virgen Blanca, para denunciar los arrestos. El colectivo Gasteizko Harresia presentó 42 denuncias en los Juzgados por "agresiones" de la Ertzaintza.

En un comunicado, la asamblea de bomberos de Vitoria explica que se les requirió, por un lado, para ayudar al servicio de limpieza a retirar unas pancartas utilizando sus vehículos, y, por otro, para separar a las personas que se habían encadenado entre sí en el muro popular.

En ambos casos, decidieron no intervenir argumentando que esas labores no correspondían a los bomberos. «Ante el contexto de tensión que se vivía en la zona de la intervención de las pancartas, los bomberos fueron amenazados con ser detenidos, cosa que no sucedió finalmente», han explicado, aunque han añadido que sí fueron fueron identificados por la Policía Local y se les comunicó que podrían abrirse «diligencias sancionadoras, sin quedar claro si estas serían disciplinarias o penales».
Han subrayado que no intervinieron «al no existir situación de riesgo para personas ni bienes», tanto en el caso de las pancartas como en el de las personas encadenadas. Asimismo, tampoco prestaron sus equipos y herramientas a personas ajenas al servicio, puesto que «muchas de ellas requieren de una capacitación profesional y adiestramiento específico, no pudiendo prestarlas si no podemos garantizar la seguridad de sus usuarios o de terceras personas».

En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo absolvió a Marina Sagastizabal Emilio-Yus, Aiala Zaldivar Alvarado, Bergoi Madernaz del Pozo, Igarki Robles Martínez del Campo y Xabat Morán Ruiz por creer vulnerado el derecho a su presunción de inocencia.

Con respecto a los otros dos, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa e Ibon Esteban Escaloni, el Supremo entiende que sí quedó probada la militancia activa pero atienden la petición que formularon las defensas de que se les aplique el artículo 579 bis-4 del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, que permite rebajar las penas por delitos de terrorismo cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad por los medios empleados o los resultados producidos por lo que les rebaja la pena en dos grados, pasando la condena de 6 a 2 años de prisión.

Madernaz salió en libertad en noviembre de 2015 y se presentó en las listas de EH Bildu como número dos en la lista del Senado en las elecciones del 20 de diciembre de 2015; no salió elegido.

En octubre de 2016, Adam Laamirni y Oier Martínez del Campo fueron juzgados acusados de atentado contra la autoridad. Finalmente el acuerdo entre las partes cambió la acusación a resistencia, y por ello se les impuso una multa por impedir que la Ertzaintza detuviese a los tres condenados por pertenencia a Segi.

Protesta en Vitoria

Sobre las diez de la mañana dos personas se suben a la torre de la iglesia de San Miguel, ubicada en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria y cuelgan una gran pancarta con los rostros de los siete condenados recientemente por su pertenencia a SEGI firmadas por #ResistGasteiz y el lema "7ak libre" (libertad para los siete). Más tarde desplegaron otra pancarta con las palabras libertad y desobediencia.

Las dos personas, ataviadas con el traje de Celedón, personaje de las fiestas de Vitoria que desciende desde la torre San Miguel hasta el suelo colgado de un paraguas, se colgaron después en una cesta y permanecieron allí 28 horas.

Asimismo, hicieron un llamamiento a participar en la marcha naranja del día siguiente "a favor de los derechos civiles y políticos" y "a reforzar el muro popular" que se formará para intentar evitar el encarcelamiento de los tres condenados que aún no han sido detenidos por la Ertzaintza.

Al día siguiente hubo una multitudinaria manifestación en Vitoria en apoyo de los condenados y al finalizar se concentraron en la plaza de la Virgen Blanca centenares de personas que rodearon a modo de "muro popular" a los tres condenados libres: Ibon Esteban, Igarki Robles y Aiala Zaldibar.

Escrito petición amnistía

Un total de 93 antiguos presos que pertenecieron a ETA o a Iparretarrak firman y hacen pública una carta en la que hacen un llamamiento a la sociedad para luchar por conseguir la amnistía de quienes están ahora encarcelados. También aparecen entre los firmantes condenados por violencia callejera y por pertenecer a organizaciones del entorno de ETA.

La lista de firmantes representa a miembros críticos con la estrategia oficial de la izquierda abertzale ya que acusan a Sortu y Bildu de olvidarse de los presos con condenas pendientes de más de 30 años de prisión. 

A la cabeza de los firmantes están el que fuera líder de Iparretarrak, Filipe Bidart, y Jon Iurrebaso Atutxa, acompañante de 'Josu Ternera' en las conversaciones con Jesús Eguiguren y los representantes del Gobierno socialista durante los años 2005 y 2006. 

También aparece entre los firmantes el exmiembro de ETA Fermín Sánchez Agurruza, considerado uno de los líderes del grupo disidente Ibil, junto con Jon Aldana Zelaia, vinculado también a Ibil. 

Los firmantes afirman que tienen el deber de conseguir la libertad de los reclusos "sin condiciones y con dignidad, sin arrodillarse ante nadie, y el camino para conseguirlo es la amnistía". 

La carta señala que los firmantes no se consideran víctimas, sino "militantes voluntarios y conscientes" que sabían los riesgos "que acarreaba hacer la revolución". Los firmantes abogan por "vestir ideológicamente al Pueblo, ya que la formación y la ideologización son las armas más eficaces para los luchadores revolucionarios" y reclaman el reconocimiento del estatus político de los presos. 

Carta a favor de la amnistía

Quienes firmamos esta carta somos militantes polític@s que hemos sufrido la cárcel y/o el exilio. Hemos sufrido la represión por participar en la lucha por la liberación nacional y social de Euskal Herria. No somos víctimas sino militantes voluntari@s y conscientes que hemos luchado por la independencia y el socialismo para nuestro pueblo. Al igual que otr@s miles de militantes, nosotr@s también sabíamos cuáles eran los riesgos que acarreaba hacer la revolución. Sabíamos que podíamos ser detenid@ y torturad@os, que podíamos pasar nuestra juventud en la cárcel, que tal vez tuviéramos que marchar de casa dejándolo todo, incluyendo familia y amig@s, y que puede que ni siquiera volviéramos a pisarla. Sabíamos que nuestros enemigos, los que nos quieren ver muertos, nos iban a juzgar, que nos jugábamos ganar o perder todo. Sabíamos que en el camino perderíamos compañer@s y hemos perdido cientos. Sabíamos todo eso y a pesar de ello decidimos involucrarnos en la lucha.

Actualmente hay algo respecto a l@s represaliad@s político@s que nos preocupa especialmente. Han ido pasando los años y en 2015 tenemos más de 400 pres@s, entre ell@s vari@os a los que les quedan más de 30 años de cárcel. Otr@s much@s siguen esquivando la represión en el exilio. Todavía no hemos conseguido nuestros objetivos estratégicos. Nuestro Pueblo aún no ha conseguido superar la opresión nacional y la explotación de clase. Y esa es precisamente la clave: mientras no se supere el conflicto político existirán represaliad@s politic@s y mientras haya represaliados politic@s no se podrá dar por superado el conflicto. Si no entendemos eso nos perderemos en un laberinto sin salida.

Desafortunadamente, las llaves de las cárceles no están en nuestras manos. La fuerza de las armas tampoco. Eso no quiere decir que tengamos que resignarnos. De ninguna manera. Eso quiere decir que para obligar a los estados tenemos que hacer un gran trabajo para vestir ideológicamente al Pueblo, ya que la formación y la ideologización son las armas más eficaces para los luchadores/as revolucionari@s. Hay que apostar por el reconocimiento del status politico de l@s represaliad@s y no por lo contrario. Sólo si el Pueblo reconoce que el conflicto no se resuelve sin la libertad de l@s militantes politic@s que han participado en el mismo, sólo entonces podremos encontrar una verdadera salida y esa salida tiene un nombre: amnistía.

Los discursos sobre los derechos humanos pueden ser legítimos siempre y cuando no sirvan para esconder el carácter político de l@s represaliad@s. ¿Por qué se les aplica la dispersión, la cadena perpetua, el FIES, el derecho penal del enemigo que aplican con l@s pres@s enfermos y un largo etcétera? Se les aplica, precisamente, por el carácter político de nuestr@s compañer@s. Además, la despolitización de l@s represaliados politic@s facilita su criminalización, convirtiéndolos a los ojos del Pueblo en delincuentes o criminales, y eso ofrece facilidades a los estados para seguir vulnerando los derechos de l@s represaliad@s.

Como compañer@s, como pueblo y como clase tenemos el deber de conseguir la libertad de nuestr@s compañer@s, sin condiciones y con dignidad, sin arrodillarse ante nadie, y el camino para conseguirlo es la amnistía. La amnistía comprende la resolución del conflicto y por eso sólo la consecución de la amnistía garantizará que no haya más represaliad@s politic@s. En eso tenemos que poner las fuerzas desde hoy, dejando a un lado las lecturas partidistas. No podemos aceptar que las consecuencias de la lucha de l@s represalid@s recaigan sobre ell@s. La lucha de los represaliad@s ha sido responsabilidad del Pueblo y la libertad de estos también lo será. Quienes firmamos esta carta llamamos al Pueblo a organizarse a favor de la amnistía porque tenemos plena confianza en su fuerza y su capacidad. 

PRESO ETA IHESLARIAK ETXERA! AMNISTIA OSOA!

Filipe Bidart
Mila Etxebarria Balbas
Jon Iurrebaso Atutxa
Jesús María Mendinueta Flores
Josu Ormaetxea Antepara
Koldo Alaña Arrinda
Josu Alberdi Agirregomezkorta
Jon Aldana Zelaia
Jon Iñaki Alkorta Gandiaga
Oscar Amezaga Maeso
Rosa Mari Arana Txakartegi
Juan Mari Arregi Azpeitia
Iker Arzeluz Angiozar
Gorka Azpitarte Rejado
Bonifacio Badillo Rubio
Teodoro Badillo Rubio
Bautista Barandalla Iriarte
Jon Imanol Beaskoa Rodriguez
Jaione Beaskoetxea
Iñaki Bengoa San Miguel
José Tomás Bustamante Mencia
Igor Cachorro del Pozo
Pablo Caloca Pila
José Luis Cuadrado Torre “Akelarre”
Iñaki Egiluz Sagastizabal
Maria Soledad Elustondo García
Oscar Estebariz Arteta
Angel Erdozia Larraza
Iñaki Erro Zazu
Juan José Etxeandia Salcedo
Agurtzane Ezkerra Pérez de Nanclares
Bego Ezkerra Pérez de Nanclares
Carlos Ezkurra Leonet
Lander Fernández Arrinda
Elías Fernández Castañares
Igor Fernández Fernández
Ziortza Fernández Larrazabal
Aitor Fernández Terceño
Maria Pilar Ferreiro Bravo
Unai Frías de la Red
José Luis Gallastegi Lagal
Alberto Garmendia Lakuntza
Francisco Javier Gil Rosado
Miguel Ángel Goienetxea “Txo”
Kristina Goirizelaia González
Aner Gómez Agirre
Asier Gómez de Salazar Rodriguez
Felipe González Baños
Roberto González Lizarraga
Koldo Gracia López
Jordi Grau Añó
Iñaki Herrán Bilbao
José Antonio Hurtado Gañán
Idoia Iragorri Petuya
Peio Iriondo
Maria Angela Irure Arregi
Jon Mikel Iturriaga Omán
Mikel Jauregi Agirrezabala
Andeka Jurado García
Sendoa Jurado García
Jon Kerejeta Bera
Mari Ángeles Larrea
Zigor Larredonda Muñoz
Asier Larrinaga Rodriguez
Gotzon Kepa Larrondo Irazabal
Aitor Llano Estévez
Lorena López Díez
Jon Maidagan Hernández
Ixabel Martínez de Antoñana
Maite Martínez San Millán
Iker Mendizabal Cubas
Kepa Morales San Sebastián
Juan Antonio Olagorta Arana
Iñaki Orbeta Berriatua
Alberto Paúl Larrea
Ibon Pérez Ziluaga
Eduardo Pérez de Anuzita Urkijo
Iñigo Ripoll Estarata
Klemente Ruíz Cantalapiedra
Jose Maria Sagardui Moja “Gatza”
Fermin Sanchez Agurruza
Joel Sitiague
Amaia Urizar de Paz
Roberto Vecino Santamaría
Peio de Vega Martín
Andrés Velado Fernández
Fermin Ventura Pérez
Izaskun Villanueva Ortega
Jon Villanueva Patin
Luis Armando Zabalo Bilbao
Zorion Zamakola Ibaibarriaga
Jon Zapirain Romano
Angel Zelaieta Gisasola

Incendio cajeros automáticos

Desconocidos queman de madrugada, arrojando líquido inflamable, dos cajeros automáticos de Kutxabank y del Banco Santander en Vitoria.

Los hechos han sucedido pasada la medianoche, entre las 00.20 y 00.40 horas, cuando los radicales se han dirigido al cajero de Kutxabank, ubicado en la calle Cofradía de Arriaga, y al del Banco Santander de la calle Paraguay, para rociarlos con líquido inflamable y prenderles fuego.

Los daños se han limitado a los cajeros y el fuego ha sido apagado con extintores por los bomberos. 

Comunicado de ETA

La organización terrorista ETA envía un comunicado a los diarios Berria y al portal Naiz (Gara), pocas horas antes del inicio de la campaña para las elecciones municipales y forales en el País Vasco, en el que muestra su disposición a compartir y consensuar con el Gobierno Vasco y con el resto de "agentes políticos y sociales" vascos “una hoja de ruta global para resolver las consecuencias del conflicto”, en la que se incluiría el desarme.
En el comunicado, ETA carga contra el Ejecutivo de Urkullu y asegura que no puede pretender cosas como que el armamento de ETA quede en sus manos, dado que “el Gobierno Vasco y la Policía autonómica no son agentes neutrales”. Por todo ello, afirma que “esa propuesta no es viable y no ofrece garantía alguna”. Se basa, para argumentarlo, en tres afirmaciones, que el Ejecutivo “no tiene competencias para ofrecer garantías jurídicas a este proceso”, tampoco puede dar ninguna “seguridad” a ETA y actúa con “ligereza”, al apuntar que “el proceso podría hacerse rápido” cuando, por ejemplo, desconoce la cantidad del armamento que existe y su ubicación.
No obstante, la banda asevera que el Gobierno vasco “tiene un papel que jugar” en este terreno si, efectivamente, “está a favor de la resolución”.

ETA invita a todos los organismos que están "a favor de una solución" a entablar un diálogo dirigido a acordar "vías razonables" para "superar las consecuencias del conflicto".  ETA confirma que continuará con el proceso de "sellado" de su armamento, que asegura estar llevando a cabo desde principios de 2014, a pesar de las dificultades que, según denuncia, están poniendo los Estados español y francés.

En el comunicado la organización desecha el modelo propuesto por el Gobierno vasco, aunque entiende que en los últimos tiempos se han sentado algunas bases para avanzar en esta materia, entre las que cita hechos y documentos como las recomendaciones del Foro Social, la Declaración de Bayona, la denominada Vía vasca para la Paz presentada recientemente por EH Bildu, la declaración del Colectivo de Presos e, incluso, la propuesta Zuzen Bidean del propio Gobierno Vasco.

Detenciones para cumplir condena

La Ertzaintza detiene a cuatro personas tras darse a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional contra siete personas. Sagastizabal, Villaverde, Madrenaz y Morán fueron detenidos en Bilbao y la policía busca a otros tres, dos vascos y un navarro.

La Sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a siete acusados de pertenecer a la organización juvenil Segi a penas de 6 años de cárcel y absolvió a otros nueve al considerar que no está "suficientemente acreditada" su integración en esta organización.

Los condenados son: Marina Sagastizabal Emilio-Yus, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa, Aiala Zaldivar Alvarado, Bergoi Madernaz del Pozo, Igarki Robles Martínez del campo, Xabat Morán Ruiz e Ibon Esteban Scaloni.

Sagastizabal, Barrutiabengoa, Zaldivar y Madernaz, según la sentencia, "participaban activamente en la Gazte Asanblada de Judizmendi, donde concurrían personas de todas las ideologías, afines al independentismo, encargándose de transmitir las directrices de Segi y las actividades a realizar para seguirlas, tales como la colocación de carteles (...) o la ejecución de pintadas".

Los carteles eran siempre proporcionados por Ainhoa Villaverde, y colocados en la vía pública por ésta y Marina Sagastizabal.

En cuanto a los otros tres condenados, la Sala los considera responsables de "taldes" (barrios) de Segi en Vitoria, Bilbao y Pamplona, y uno de ellos, Morán, colaboró "activamente en múltiples ocasiones preparando los conciertos de Segi con la empresa Abar Produkzioak y vendiendo boletos de dicha organización terrorista".

El tribunal también señala que no han quedado acreditados los malos tratos y torturas que algunos de los acusados aseguraron haber padecido cuando fueron detenidos.

El juicio por estos hechos comenzó con 28 acusados, aunque durante la vista oral la Fiscalía retiró la acusación contra 12 de ellos y terminó pidiendo penas de seis años de cárcel para los 16 restantes. 

Al día siguiente, la Ertzaintza detuvo a tres jóvenes que se habían encadenado en el Palacio de Justicia de Vitoria en protesta por la condena y detenciones. Fueron acusados de desórdenes públicos y desobediencia.

Los miembros de Segi condenados presentaron una querella ante el Tribunal Supremo contra los tres magistrados de la Audiencia que les impusieron la pena, por entender que al dictar su prisión cometieron "graves irregularidades". Según sus abogados, la ley permite la detención de los condenados aún sin una sentencia no firme, pero el ingreso en prisión está regulado de manera específica. Para ello son necesarias dos condiciones, que según los abogados no se han cumplido: la primera que lo pida el fiscal, lo que no ha ocurrido, y la segunda, que los detenidos sean puestos en un plazo de 72 horas a disposición del tribunal que les condenó, lo que tampoco se cumplió.

En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo anuló las condenas impuestas a Marina Sagastizabal Emilio-Yus, Aiala Zaldivar Alvarado, Bergoi Madernaz del Pozo, Igarki Robles Martínez del Campo y Xabat Morán Ruiz por vulneración del derecho a su presunción de inocencia.

Con respecto a los otros dos, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa e Ibon Esteban Escaloni, el Supremo entiende que sí quedó probada la militancia activa. En el caso de Villaverde, como coordinadora de Segi en Vitoria, y en el de Escaloni, como dirigente del grupo del barrio pamplonés de Rotxapea. Esa condición de miembro activo se vio corroborada con datos como que Villaverde tenía en su poder la anotación de matrículas de coches de la Policía, y el segundo un manual para confeccionar cócteles molotov.
Sin embargo, los jueces sí atienden la petición que formularon las defensas de ambos acusados durante la vista por los recursos celebrada en el Supremo, a la que no se opuso la Fiscalía, de que se les aplique el artículo 579 bis-4 del Código Penal, que permite rebajar las penas cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad por los medios empleados o los resultados producidos, por lo que les rebaja la pena de 6 a 2 años de prisión.


.- Agentes de la Policía Federal de México detienen en la comunidad de Aguascalientes, municipio de Tehuantepec, a Hilario Urbizu San Román por su implicación en varios atentados y robos en la época 1977-1981. Urbizu huyó a raíz de saberse buscado, se casó en México, adoptó la nacionalidad de dicho país y tuvo varios hijos. Trabajaba en una empresa maderera en la Sierra de Oaxaca y una vez encarcelado se comprobó tenía un cáncer en estado avanzado. Se le vincula con el asesinato de Sebastián Arroyo en 1980.
En septiembre de 2015, el gobierno mexicano comunicó la denegación de su extradición tras una decisión judicial en el mismo sentido.

Sentencia contra España del TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace pública una sentencia que condena a España por incumplir el precepto fundamental de investigar la veracidad de una denuncia por malos tratos.

El día 18 de enero de 2011, Jon Patxi Arratibel Garciandia fue detenido en su domicilio por agentes de la Guardia Civil en el marco de una investigación sobre un presunto delito de pertenencia a la Organización EKIN y fue conducido ese mismo día en coche a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

El día 22 de enero, Arratibel compareció ante el Juez central de Instrucción quien ordenó su detención preventiva. El día 11 de marzo de 2011, presentó denuncia por malos tratos durante su detención en régimen de incomunicación.

Mediante auto de sobreseimiento de fecha 27 de febrero de 2012, el Juez de Instrucción de Pamplona estimó, en base a los informes médico-forenses, que no había indicios que demostraran que lo malos tratos denunciados se hubieran realmente producidos. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido. Juan Francisco Arratibel Garciandía fue puesto en libertad bajo fianza el día 26 de julio de 2012.

El TEDH estima que la investigación sobre los hechos denunciados no se hizo a fondo ni fue efectiva. En consecuencia el TEDH considera que se ha violado el artículo 3 en su aspecto procesal por insuficiente investigación de las denuncias por malos tratos.


.- Se da a conocer que la Audiencia Nacional condena a 17 años de cárcel al etarra José Luis Erostegui Bidaguren, compañero del fallecido Josu Uribetxerria Bolinaga en el "comando Bellotxa", por el asesinato del cabo primero de la guardia civil Antonio Ramos Ramírez el 8 de junio de 1986 en Mondragón. Otro miembro del grupo, Javier Ugarte Villar ha sido absuelto por no quedar acreditada su participación en este atentado.

Erostegi también fue condenado por el secuestro de Julio Iglesias Zamora (14 años), por el asesinato de un guardia civil en 1985 (33 años) y por la bomba contra una patrulla de la Guardia Civil que causó dos muertos en Oñate (145 años).

Incidentes en Andoain

Jóvenes radicales insultan, amenazan y golpean a un reconocido afiliado del PNV durante las fiestas de Santa Cruz en Andoain (Guipúzcoa) en una «agresión de motivación política», según denunció dicho partido. El agredido tuvo que ser atendido en un centro hospitalario a raíz de los golpes y denunció los hechos en la comisaría de la Ertzaintza. 

La agresión se produjo bien entrada la madrugada y previamente los atacantes habían proferido consignas del tipo «PNV español».