domingo, 26 de abril de 2015

Presentación de 'Vía vasca para la paz'

Representantes de EH Bildu presentan en el Parque Tecnológico de Miramón (San Sebastián) su 'Vía Vasca para la Paz', una especie de hoja de ruta para conseguir la convivencia tras el cese de la violencia de ETA. El secretario general de EA, Pello Urizar y Axun Fernández, de Garaialde, fueron los encargados de detallar los cuatro «itinerarios» de esta vía: víctimas y memoria, política penal y penitenciaria y retorno de las personas huidas, desarme y desmilitarización. Ofrecemos un extracto:

1) Para otorgar a las víctimas la consideración que se merecen y establecer la memoria de todo lo ocurrido en el pasado es imprescindible conocer la verdad sobre lo acontecido. El objetivo es que todas las víctimas reciban reconocimiento, reparación y garantía de no repetición, independientemente de cuál haya sido su victimario.
Como instrumento para ello, y con el objetivo de recoger la memoria completa de todo lo acontecido, se elaborará una base de datos que incluya todas las vulneraciones de derechos humanos.
Se creará una “Comisión de la Verdad”, compartiendo los diferentes sufrimientos habidos y con el objetivo de cerrar heridas mutuas. 
Se establecerán mecanismos para la reparación de las víctimas y para el reconocimiento de todos los derechos que les corresponden.

2) La convivencia normalizada que queremos para nuestro pueblo requiere alcanzar una situación en la que no haya ninguna ciudadana ni ciudadano vasco privado de libertad o que se haya visto en la obligación de fijar la residencia fuera del país por convicciones políticas.
Es necesario adecuar la legislación a la nueva realidad política, así como implantar nuevos modelos basados en una justicia de carácter transicional que ayude a la sociedad a consolidar la convivencia.
En lo relativo a las presas y presos vascos, es necesario eliminar cuanto antes todas las medidas excepcionales que vulneran sus derechos. En concreto, es preciso acabar con la aplicación del régimen de aislamiento, excarcelar a quienes padecen enfermedades graves y dar la libertad condicional a quienes han cumplido las 2/3 partes de su condena. Así mismo, hay que poner fin a la aplicación de medidas que posibilitan la cadena perpetua o el alargamiento de la condena: en el caso del Estado francés, la denominada “perpetuité”; en el caso del Estado español, los 40 años de cárcel y la no contabilización de la condena cumplida fuera del Estado español.
Junto con ello, es preciso acabar con el alejamiento y la dispersión. 
Las competencias en materia penitenciaria deben ser transferidas a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral Navarra.
Se fomentará la búsqueda de acuerdos que favorezcan el proceso de reintegración de las presas y presos vascos mediante acuerdos entre fuerzas políticas y en las instituciones con la participación de los presos. El proceso de reintegración de las y los presos vascos se realizará por medio de cauces legales y con una aplicación individualizada, para lo cual será necesario poner en marcha un plan de “excarcelación condicional anticipada”.
Ese programa requerirá por parte de los presos y presas vascas mostrar su compromiso con el nuevo escenario abierto en Euskal Herria y renunciar a las vías violentas y así mismo, deberá haber por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación. 
En lo que respecta a las personas huidas, se facilitará el proceso de retorno. Para ello se procederá a un proceso de regularización en el caso de quienes no tengan causas pendientes.

3) Planteamos como objetivo alcanzar un escenario de desarme mediante la destrucción de los arsenales de ETA. En nuestra opinión, esta es la secuencia de acontecimientos que se debería dar:
• En primer lugar, culminar a la mayor brevedad posible el proceso de sellado y verificado de los arsenales de ETA.
• Al mismo tiempo, se debe buscar el apoyo de personas expertas que hayan participado en dinámicas similares a nivel mundial, de cara a crear una Comisión Independiente de Desarme junto con la participación de organizaciones facilitadoras internacionales.
• En esa tarea es de suma importancia dar a dicha iniciativa la máxima cobertura y legitimidad política, institucional y social. Para ello, consideramos fundamental la participación constructiva, en sus niveles correspondientes, de los gobiernos de la CAPV y la CFN y de los partidos políticos y agentes sociales de toda Euskal Herria.
La Comisión Independiente de Desarme diseñaría y llevaría hasta el final en un tiempo prudencial un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con la destrucción de los arsenales de ETA.

4) Consideramos necesaria la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la asunción por parte de los Cuerpos de Policía Vascos de las tareas de protección y servicio a la ciudadanía.
Como punto de partida, el número y las funciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado se deberán adecuar a la legislación vigente, limitándose sus competencias al ámbito extra y supra comunitario. 

«La historia no empezó ayer, y el pueblo está lleno de heridas», afirmó en la comparecencia que clausuró el acto, el presidente de Sortu, Hasier Arraiz. También afirmó que «no hemos estado siempre a la altura de los que más han sufrido» y definió la cuestión de los presos como «la piedra angular para la construcción de la paz».


.- El preso de ETA Juan Carlos Balerdi Iturralde es puesto en libertad y abandona el Centro Penitenciario de Huelva tras estar preso 26 años. Así lo acordó la Audiencia Nacional en un auto que obliga a descontarle unas redenciones que no se le habían contabilizado por una serie de sanciones. Argumentan los jueces que aquellas sanciones no se incluyeron en su expediente dentro del plazo estipulado para poder interrumpir las redenciones.

Juan Carlos Balerdi, detenido en abril de 1989, estaba condenado a 360 años de cárcel por su participación en ocho asesinatos. Sus primeras víctimas mortales datan de septiembre de 1987: los guardias civiles Manuel Ávila García y Federico Carro Jiménez (62 años de condena). Tres meses después cayó el sargento de la Guardia Civil, José Luis Gómez Solís (29 años de cárcel). En 1988 participó en el asesinato de los hosteleros Sebastián Aizpiri Leyaristi (30 años) y Javier Zabaleta Aizpitarte (30 años). También fue condenado por la muerte del ertzaina Juan José Pacheco (42 años) y del policía nacional José Antonio Barrado Recio (134 años). Su octava y última víctima mortal reconocida en los tribunales fue el hostelero Engraciano González (30 años), asesinado en diciembre de 1988 en Zarauz.



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