domingo, 31 de diciembre de 2000

Desactivado coche-bomba en Sevilla

La organización ETA coloca un coche cargado de explosivos enfrente del edificio que ocupa la Tesorería de la Seguridad Social en Sevilla. La policía desactivó la carga después de que los terroristas avisasen varias veces de la colocación del vehículo (un "Peugeot 306" con matrícula falsa de Málaga, robado en la localidad francesa de Toulouse el pasado 13 de diciembre) a partir de las 2:30 de la madrugada. La bomba -que tenía 160 kilos de dinamita- contaba con dispositivos para activarse en caso de moverse, por lo que se tardó cinco horas en inutilizarla.

sábado, 30 de diciembre de 2000

Bombas contra empresas


Estalla un artefacto sobre las 23:30 en la puerta de un concesionario de automóviles "Nissan" en San Sebastián causando daños materiales. Una llamada al diario "Gara" en nombre de ETA alertó de la explosión diez minutos antes del hecho. 

 .- Estalla un potente artefacto en la fachada de la empresa "Construcciones Sukia", situada en el barrio de Lorea de San Sebastián, poco antes de la medianoche. Una llamada al diario "Gara" alertó en nombre de ETA de dicha explosión.

miércoles, 27 de diciembre de 2000

Bomba contra Seguridad Social

Estalla hacia las 22:30 un potente artefacto explosivo colocado en la fachada de la Tesorería de la Seguridad Social situada en el barrio de Gros (San Sebastián). Una persona resultó herida leve por cristales y el edificio quedó seriamente dañado.

jueves, 21 de diciembre de 2000

Extraditado 'Santi Potros'

Las autoridades francesas extraditan a España a Santiago Arróspide Sarasola, “Santi Potros”, quien entre febrero de 1985 y septiembre de 1987 fue el responsable de los “comandos ilegales” de la  banda terrorista ETA. El 4 de julio de 1990 fue condenado por el Tribunal Correccional de París a 10 años de prisión por los delitos de asociación de malhechores y tenencia ilícita de armas. Había sido detenido en 1987 en Anglet. 
“Santi Potros” fue extraditado por varias causas, entre las que sobresale su implicación en el sangriento
atentado de Hipercor, ocurrido el 19 de junio de 1987 en Barcelona, en el que murieron 21 personas y otras 42 resultaron heridas. El dirigente etarra está acusado también del asesinato frustrado del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Antonio Hernández Gil, ocurrido el 8 de mayo de 1986. Asimismo, entre otros delitos, Santi Potros será juzgado por el atentado con coche bomba contra un microbús de la Guardia Civil que realizaba el relevo de la guardia en la prisión de Wad Ras, en Barcelona, que causó graves lesiones a varios agentes.
En julio de 2003 la justicia española lo condenó a 790 años de cárcel por ordenar el atentado de Hipercor y en 2004 a 1.572 años por su implicación en el atentado de la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, en el que murieron 12 guardias civiles.
En junio de 2015 fue condenado a 17 años de cárcel por el intento de asesinato del exfiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en Madrid en 1986. Por último, ese mismo año fue condenado a 94 años de prisión por el atentado cometido en abril 1987 por el comando Barcelona contra un vehículo de la Guardia Civil en el que murió Juan Fructuoso que estaba en una cabina de teléfono y resultaron heridos graves dos agentes. La sala declara probado que Santiago Arróspide ejerció la dirección del aparato militar de ETA junto a Juan Lorenzo Lasa Michelena hasta la detención de este en 1985 y en solitario hasta su arresto dos años después en la localidad gala de Anglet.

miércoles, 20 de diciembre de 2000

Asesinato de un policía muncipal en Barcelona


Dos etarras (José Ignacio Krutxaga y Fernando García) matan de dos disparos al policía municipal Juan Miguel Gervilla Valladolid -38 años, casado, dos hijos- en la avenida Diagonal de Barcelona, cerca del lugar donde explotó un coche-bomba el día 2 de noviembre. Los etarras conducían un "Fiat Uno" con matrícula falsa -robado cuatro días antes en Esplugas de Llobregat (Barcelona)- cargado de explosivos, cuando el coche se averió a las 7:30 de la mañana al fallar el motor. El policía se dirigió a ellos para solventar el problema y tras un breve intercambio de palabras fue tiroteado por los dos ocupantes del vehículo (las pistolas usadas fueron las empleadas para asesinar a Ernest Lluch y José Luís Ruiz). 
Poco después artificieros de los TEDAX lograron desactivar el explosivo, que  iba destinado a estallar al paso del  periodista Luís del Olmo, contra quien ya habrían intentado atentar en siete ocasiones a lo largo del año sin éxito por diversos motivos (fallo detonador, cambio horario, cambio itinerario, fallo mando a distancia...).
 Por este crimen y el atentado fallido fueron condenados cada uno a 54 años de prisión mientras que la etarra Liarni Armendáriz lo fue a 24 años por colaboración con dichas acciones.

martes, 19 de diciembre de 2000

Encontrados restos de entrenamiento

La policía francesa encuentra restos de prácticas de tiro y detonación de explosivos en una casa abandonada situada en Rion des Landes.

lunes, 18 de diciembre de 2000

Atentado fallido en la Universidad de Lejona


Colocado un artefacto explosivo sobre las 9,30 de la mañana dentro de un ascensor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en el campus de Lejona (afueras de Bilbao), al parecer preparado para ser detonado cuando estuviera a su lado la profesora Edurne Uriarte (miembro del Foro de Ermua, militante del Partido Socialista y colaboradora habitual del diario ABC). La dinamita estaba oculta en una caja sobre la que se había colocado material de oficina para no despertar sospechas, por lo que el ascensor fue usado por varias personas que vieron dicha caja. Mediante un radio-mando se intentó estallar la bomba pero sólo se quemó el iniciador, lo que fue advertido por el escolta de la profesora que avisó a la Ertzaintza que desactivó el artefacto.

jueves, 14 de diciembre de 2000

Asesinado concejal PP en Tarrasa


Francisco Cano Consuegra, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona), muere por la mañana en Tarrasa (Barcelona) al estallar un artefacto explosivo colocado debajo del asiento de su vehículo que conducía en esos momentos (una furgoneta "Citroën" C-15). El fallecido -fontanero, 45 años, casado, dos hijas- estuvo circulando con su coche al menos cuatro horas sin que estallara la bomba, debido seguramente a un mal funcionamiento del sistema de detonación; en este tiempo montaron varias personas con él. Se supone que el artefacto fue colocado esa madrugada cuando el coche estaba estacionado enfrente del domicilio del fallecido en Viladecavalls
En esta acción intervinieron Armendáriz y Jodrá. Al parecer también estuvieron implicados en tareas de recabar información Zigor Larredonda  y Laura Riera, si bien sólo fueron condenados por este crimen los dos señalados (47 años cada uno).

viernes, 8 de diciembre de 2000

Firma Pacto Antiterrorista


Se da a conocer un acuerdo entre el Partido Popular y el principal partido de la oposición (PSOE) para firmar un ‘Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo’, conocido también como Pacto Antiterrorista. El acuerdo entre PP y PSOE fue rechazado por IU, PNV, EA y CiU, al considerarlo "excluyente" y "equivocado".

El 12 de diciembre, José Luis Rodríguez Zapatero (secretario general del PSOE), Javier Arenas (PP) y José María Aznar (presidente del Gobierno) firmaron el acuerdo en el palacio de La Moncloa.

El PNV apoyó todos los puntos pero no el preámbulo.

El acuerdo (sin el preámbulo) es el siguiente:

 1. El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo. - 2. La violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática. Quienes la practican, quienes atentan contra la vida de aquellos que no piensan como ellos sólo merecen la condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos y del conjunto de la sociedad. No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos. El único déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es que aquellos que no creen en la democracia ejercen la violencia terrorista para imponer sus objetivos a la mayoría. Por ello, el PP y el PSOE nos comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno.

- 3. Durante más de dos décadas de democracia, el pueblo vasco ha desarrollado su capacidad de autogobierno en el marco de la Constitución y del Estatuto de Guernica. Ese marco ha permitido la expresión política, cultural y social de la pluralidad que alberga la sociedad vasca. Cualquier discrepancia política existente entre vascos puede y debe plantearse en ese marco institucional. Cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional, debe respetar las reglas y los procedimientos en él establecidos. El diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables.

- 4. La defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas corresponde, en primer lugar al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y, en su ámbito, la Ertzaintza. De su capacidad y eficacia depende que se erradique en el País Vasco y en el resto de España la violencia, las amenazas y los chantajes de los terroristas y de quienes los sostienen. Por ello, reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada de medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen encomendada. Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica.

- 5. Los delitos de las organizaciones terroristas son particularmente graves y reprobables porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.

La política penitenciaria forma parte de la estrategia de persecución contra las bandas terroristas y, por tanto, se sitúa en el marco de acuerdo entre ambos partidos y con el Gobierno. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas. La política penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece nuestra Constitución.

- 6. La experiencia de las actuaciones policiales ha puesto de manifiesto reiteradamente la importancia que tiene la cooperación internacional para la lucha antiterrorista. Los partidos firmantes del presente Acuerdo nos comprometemos a trabajar para reforzar nuevas iniciativas de cooperación, singularmente con Francia y en el marco de la Unión Europea. A tal efecto, ambos partidos creemos necesario mantener una actividad informativa permanente, a escala internacional, en el ámbito de las instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas.

- 7. Las víctimas del terrorismo constituyen nuestra principal preocupación. Son ellas quienes más directamente han sufrido las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia. Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado. Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria ya que nadie mejor que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.

Para promover esa colaboración, ambos partidos nos comprometemos a impulsar, junto con las asociaciones de víctimas, la creación de una Fundación en la que estén representadas dichas asociaciones que coordinará sus actividades con las fundaciones ya existentes.

- 8. Pero la definitiva erradicación de la violencia terrorista en España no es una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. PP y PSOE reafirman su determinación de impulsar y apoyar la movilización de los ciudadanos en contra de la violencia terrorista y en repudio de los asesinos. Ambos partidos expresan su apoyo a los medios de comunicación y a los profesionales que en ellos trabajan y subrayan la importancia de su función para transmitir los valores que garantizan la convivencia entre los españoles y que aparecen recogidos en nuestra Constitución. La libertad de expresión y el pluralismo informativo constituyen un patrimonio democrático esencial frente a la coacción, la amenaza y la imposición del silencio buscada por los asesinos y sus cómplices.

En este Acuerdo, queremos dirigir un llamamiento especialmente a los jóvenes. Son ellos los que deben protagonizar, de una forma singular, la rebelión contra la violencia. Es a ellos a quienes corresponde principalmente extender la ética de los valores democráticos y de la convivencia. ETA debe perder toda esperanza. Y esa esperanza la perderá con la respuesta firme unida y democrática de los ciudadanos vascos y del conjunto de los españoles a cada una de sus vilezas.

Nuestro compromiso es poner en España y singularmente en el País Vasco, toda nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Éste no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las que ambos partidos nos comprometemos a defenderlos.

- 9. El objetivo de este Acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin, se creará una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se integrarán representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del Gobierno, representantes de éste.

- 10. Con la firma del presente Acuerdo PP y PSOE queremos ratificar públicamente nuestro compromiso firme de trabajo en común, para la defensa del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos españoles. Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben inspirar la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la política que debe desarrollarse.

Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas a compartir estos principios y esta política, convencidos como estamos de que son un cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración en el objetivo de erradicar la lacra del terrorismo.

En Madrid, a ocho de diciembre de dos mil.

martes, 5 de diciembre de 2000

Desactiva bomba en juzgados Eibar


Una llamada anónima al diario "Gara" avisa poco después de las diez de la noche en nombre de ETA de la colocación de un artefacto explosivo en el acceso a los juzgados de Eibar (Guipúzcoa). La Ertzaintza desactivó la bomba dos horas más tarde.