La Audiencia Nacional hace publica la condena a 39 años de prisión a Fernando Alonso Abad y Andoni Murga Zenarruzabeitia por delitos de pertenencia a ETA, terrorismo, depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. Ambos formaban el ‘comando Sugoi’ y eran hasta el momento de su detención periodistas del diario Egin. El desglose de las penas impuestas es el siguiente: 15 años por terrorismo, ocho por pertenencia a banda organizada y armada, ocho por depósito de armas y otros ocho por tenencia de explosivos. La sentencia declara probado que Fernando se integró en ETA a principios de 1996 y recibió adiestramiento en el manejo de armas y explosivos. Alonso fabricó un artefacto con tres kilos de amonal y durante la noche del 14 al 15 de agosto, lo colocaron en la empresa Confecciones Aitgorri.
Fueron detenidos el 17 de agosto de 1996.
En noviembre de 2018, Prisiones autoriza el traslado de Abad desde Pontevedra a Asturias, al haber admitido la legalidad penitenciaria y expresar su rechazo a la violencia. Además, también está abonando su responsabilidad civil. En mayo de 2020 le fue concedido el tercer grado.
María Jesús Arriaga Arruabarrena, ex miembro del comando Madrid de ETA, y su hermano Rufino, relacionado con el mismo comando, son detenidos en Orleans, junto a Jorge Martínez Aedo, vinculado al comando Vizcaya, y Javier González Irastorza, relacionado con el comando Donostia. Los cuatro iban armados. Las fuerzas de seguridad francesas culminaron así la segunda parte de la redada que habían iniciado la semana pasada con la detención de tres etarras. Fuentes policiales enmarcan esta operación en las investigaciones abiertas hace meses con la finalidad de capturar al jefe de los comandos ilegales de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri.
Rufino Arriaga, de 40 años, es quizá el más destacado de los etarras aprehendidos, ya que la policía tiene sospechas de que puede estar relacionado con el atentado que estuvo a punto de costar la vida el 19 de abril de 1995 al hoy presidente del Gobierno, José María Aznar.
Rufino estuvo integrado entre 1994 y 1996 en el comando Madrid, como lo demuestra el hallazgo de una huella dactilar suya en un piso franco del número 51 de la calle del Doctor Fleming y el hecho de que en abril de 1994 alquilase, bajo identidad falsa otro piso en la calle de Orense. En la primera vivienda se halló un rudimentario plano a mano sobre la calle de José Silva, donde un potente coche bomba estuvo a punto de asesinar al presidente Aznar.
El 20 de mayo del año pasado, tras la explosión de un artefacto oculto en un contenedor de basuras que causó la muerte al sargento del Ejército Miguel Ayllón, en Córdoba, Rufino Arriaga fue identificado como uno de los individuos que merodearon por la zona horas antes del atentado. Sobre la base de las declaraciones de un vecino, el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tiene decretada contra él una orden de busca y captura como presunto autor del asesinato.
El etarra ya había participado en 1992 en el comando Madrid, integrado entonces por los hoy dirigentes José Javier Arizcuren Ruiz y Soledad Iparraguirre. Formando parte de la infraestructura de este grupo criminal estaba María Jesús Arriaga, hermana de Rufino, con la que éste huyó a Francia en octubre de aquel año al detectar que estaban siendo vigilados. María Jesús Arriaga, de 41 años, capturada cuando se dirigía a la estación de Orleans, se había integrado en el comando Madrid en 1990 con la misión de montar una infraestructura para este grupo. Alquiló una vivienda en el número 71 del paseo de Extremadura, que fue utilizada como piso de seguridad de la organización terrorista. Para encubrir su relación con ETA, trabajó en la multinacional Canon y, con anterioridad, en una academia de idiomas de la calle de Bravo Murillo 52, por la que también pasó una alemana vinculada al comando Madrid. Cerca del piso de seguridad del paseo de Extremadura se produjeron varios atentados, entre ellos el que mutiló gravemente a la joven Irene Villa y a su madre, empleada en una comisaría de policía.
A Javier González Irastorza, de 39 años, detenido cuando acompañaba a María Jesús Arriaga, se le imputa pertenecer en 1995 a los grupos de apoyo al "comando Donostia", integrado por Valentín Lasarte, Javier García Gaztelu y José Ramón Carasatorre. Interior atribuye a este comando el asesinato, entre otros, del presidente del PP en Guipúzcoa Gregorio Ordóñez. Irastorza huyó a Francia en marzo de 1996, después de que la Ertzaintza detuviera a Lasarte e Idoia Arrieta Izaguirre.
Jorge Martínez Aedo, de 27 años, arrestado en un piso de Orleans junto con Rufino Arriaga, estuvo supuestamente integrado en la red de infraestructura del comando Vizcaya desarticulado en noviembre de 1994, tras la muerte de uno de sus integrantes en tiroteo con la Ertzaintza. Interior relaciona a este grupo con el asesinato de Joseba Goicoechea, sargento mayor de la policía autónoma vasca.
En octubre de 1999, el Tribunal Correcional de París condenó a 7 años de cárcel a Rufino Arriaga y a Javier Irastorza. María Jesús Arriaga fue castigada con 8 años y Jorge Martínez Aedo con 6 años de prisión. El tribunal consideró probado que todos formaron parte de la infraestructura de ETA en Francia.
El 7 de julio de 2002, las autoridades francesas extraditaron a Martínez Aedo, una vez cumplida la condena que le fue impuesta en el país vecino por asociación del malhechores.
Martínez Aedo está reclamado por la Audiencia Nacional por su participación en los asesinatos del guardia civil José Benigno Villalobos, en San Salvador del Valle el 28 de abril de 1994, y del policía nacional José Santana Ramos, el 21 de agosto de ese mismo año en Berango cuando integraba el «comando Vizcaya».
La policía francesa detiene en La Rochelle (Francia) al etarra José Ramón Naveiro Gómez; a la ex miembro del comando Madrid Idoia Martínez García, y a un tercer activista identificado como Roberto Murgiondo García de Albéniz. La más conocida es Idoia Martínez, de 29 años, integrante del comando Madrid al menos hasta abril de 1996, cuando el grupo abandonó un piso franco de la calle del General López Pozas. Durante esa etapa, ETA asesinó al catedrático Francisco Tomás y Valiente y mató con un coche bomba a seis trabajadores de la Armada.
La detención de los tres etarras se produjo a media tarde y corrió a cargo de la Policía Judicial francesa, por orden de la juez antiterrorista Laurence Le Vert. La operación es resultado de las investigaciones que desde hace meses mantenían agentes de la Guardia Civil en colaboración con los Reseignements Generaux. La policía francesa registró la vivienda que ocupaban los etarras, en la que se incautó de diversa documentación, sacacorchos para robar automóviles y algunas pistolas.
Ramón Naveiro, Gabarra, está considerado como el elemento más importante, desde el punto de vista jerárquico, de los detenidos. Está acusado del asesinato del guardia civil Santiago López de Paz, el 17 de octubre de 1981 en Santurtzi (Vizcaya). Hace un año y medio, las fuerzas de seguridad del Estado le situaban en el aparato de logística, encargado de suministrar el armamento y material a los comandos operativos, pero recientemente le ubicaron en el aparato militar y, en concreto, en la estructura de comandos ilegales (fichados). Naveiro huyó a Francia el 17 de febrero de 1982, tras la captura de varios correligionarios. Doce años después logró esquivar a la Policía Judicial francesa, tras sufrir un accidente de tráfico en Peyhorade. Tiene pendientes varias órdenes de busca y captura dictadas por la Audiencia Nacional.
Idoia Martínez figura en el cartel de los etarras más buscados divulgado por el Ministerio del Interior. Nacida en Baracaldo (Vizcaya) el 27 de febrero de 1968, se integró en ETA en 1991, junto con su novio Luis Enrique Galarza Quirze. Poco después huyó a Francia con sus compañeros, al ser desarticulado el comando Vizcaya por la Ertzaintza. En diciembre de 1991, se incorporó al comando Ekaitz que dirigía José Luis Urrusolo Sistiaga y operaba en el Levante español. A fines de 1995, Idoia Martínez se integró presuntamente en el comando Madrid. Fue candidata de Herri Batasuna en las elecciones municipales de 1987.
Roberto Murgiondo, camarero de profesión, que empezó en 1983 a realizar informaciones para la banda ETA, fue detenido cuando descendía de un tren en La Rochelle (departamento. de Charente-Maritime). Huyó en 1985 a Francia, donde se encargó de captar a nuevos activistas. Fue detenido en Francia en noviembre de 1990 en compañía de la importante activista Carmen Guisasola Solozabal. Tras cumplir condena por tenencia ilícita de armas, quedó libre el año pasado, siendo confinado en la localidad francesa de Verdun.
El Tribunal Correccional de París condenó a Idoia Martínez el 5 de octubre de 1999 a siete años de prisión por "asociación de malhechores". Su compañero sentimental, José Naveiro Gómez 'Gabarra', fue condenado ese mismo día a nueve años de prisión por ser considerado ex responsable de una red logística de ETA y de la organización de cursos de formación de etarras "en la reserva" en Francia.
El 18 de noviembre de 2003, Idoia Martínez, 'Olga', fue extraditada a España por las autoridades francesas para que fuera juzgada por su supuesta participación en varios atentados terroristas. Las Fuerzas de Seguridad del Estado le atribuyen su presunta participación en el atentado contra la base de Tráfico de la Guardia Civil de Logroño, para lo que sustrajo, junto con sus compañeros, el 19 de agosto de 1991, un vehículo que fue posteriormente empleado como coche-bomba contra esa instalación.
El 19 de marzo de 1992 colocó, junto con otros dos miembros del 'comando Ekaitz', Fernando Díez Torres y José Luis Urrusolo Sistiaga, sendos coches-bomba en las localidades barcelonesas de Llicá de Munt y Barberá del Vallés.
En el atentado perpetrado en la primera acción murió el cabo de la Guardia Civil Enrique Martínez Hernández, cuando se disponía a inspeccionar el coche, y en la segunda perdió la vida el civil Antonio José Martos Martínez.
'Olga' también formó parte del comando que asesinó en Madrid el 14 de febrero de 1996 al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, cuyo autor material fue Jon Bienzobas.
También se le acusa de haber participado en el atentado con coche bomba que el 23 de mayo de 1994 costó la vida al teniente del Ejército de Tierra Miguel Peralta Utrera en Madrid.
El crimen fue perpetrado por terroristas que pretendían colocar frente al museo un falso macetero en cuyo interior habían alojado una docena de granadas antitanque y antipersona. Su intención era dejar el macetero en la zona en la que, días después, durante la inauguración de la pinacoteca, iban a situarse las autoridades. Los terroristas pretendían activar los explosivos con un mando a distancia el día de la inauguración, cuando en el área estuviesen presentes el rey Juan Carlos I y los presidentes del Gobierno español y del autonómico vasco José María Aznar y José Antonio Ardanza. 
Un trabajador de Correos resulta herido con quemaduras en los brazos como consecuencia del incendio que un grupo de encapuchados ocasionó en la oficina postal de la localidad guipuzcoana de Usúrbil. El ataque fue perpetrado minutos antes del mediodía por un grupo de encapuchados que penetró en el establecimiento, ló rociaron con líquido inflamable y prendieron fuego con cócteles molotov. Uno de los trabajadores de la oficina de Correos, A. C. H. de 45 años, vecino de San Sebastián, intentó apagar el fuego con un extintor e incluso se roció él mismo de espuma, pero fue alcanzado por las llamas.
.- La huelga general convocada por el sindicato proetaxra LAB y por las Gestoras pro Amnistía en las localidades natales de los etarras Salvador Gaztelumendi y José Miguel Bustinza, Miravalles y Yurre, respectivamente, fue un fracaso. Los piquetes consiguieron cerrar a lo largo de la mañana de ayer los comercios de Miravalles, muchos de los cuales habían abierto con normalidad a primera hora, pero no se atrevieron con las empresas, que trabajaron como cualquier otro día. En Yurre, la acción de los piquetes sobre los centros comerciales se produjo el día anterior, con advertencias tal como denuncio el alcalde de esta localidad, el nacionalista José Miguel Aldecoa quien subrayó que la mayor parte del comercio había cerrado por miedo.
Los féretros con los restos de los dos etarras del comando Vizcaya fueron sacados, pasadas las cuatro de tarde, a hombros de militantes de la izquierda abertzale del hospital bilbaíno de Basurto. En el exterior se concentraron centenares de personas con ikurriñas y se bailó un aurresku ante los féretros. La comitiva realizó un recorrido por Bilbao y, posteriormente, ambos féretros fueron trasladados a sus localidades de origen: los restos mortales de Gaztelumendi hacia Miravalles y los de Bustinza a Yurre.
Los obispos de Bilbao, consternados por la muerte de los etarras Bilbao Los obispos de Bilbao, Ricardo Blázquez y Carmelo Echenagusia, que se encuentran en Roma, han pedido en nombre de Dios a quienes con sus actuaciones y decisiones pueden contribuir a que cese la violencia ¡No más sangre! En una nota que fue leída en los funerales por los etarras Salvador Gaztelumendi y José Miguel Bustinza, celebrados ayer por la tarde en Miravalles y Yurre, respectivamente, los prelados dicen que las noticias de sus muertes que lamentamos profundamente nos produjo una honda consternación. Asimismo, manifiestan a los familiares y allegados de los etarras nuestra sentida condolencia y oramos también para que Dios conforte a sus familias y conceda a nuestro pueblo la serenidad, especialmente necesaria en una situación tan delicada.
Los vivas a ETA y las acusaciones de colaboracionismo al PNV arreciaron después del funeral y durante el homenaje al que asistieron el secretario general de LAB, Rafael Diez Usablaga, los miembros de la dirección de Herri Batasuna Gorka Martínez y José Luis Elkoro, junto a otros antiguos dirigentes. El portavoz de Gestoras Pro Amnistía de Vizcaya, Aitor Jugo, acusó a las "fuerzas de ocupación" de ser un "mal virus inoculado a este pueblo". "No son nuestros vecinos", gritó con energía mientras el público coreaba consignas contra el instituto armado.
Varios individuos lanzan por la noche dos cócteles- molotov contra el domicilio del alcalde de Ansoáin, el socialista Alfredo García, sin que ninguno de ellos penetrara en la vivienda, en la qué el alcalde se encontraba en ese momento con su mujer y sus dos hijas. Los artefactos incendiarios impactaron en la cornisa de la ventana del inmueble.
El alcalde de Ansoáin fue este verano uno de los destinatarios de los paquetes enviados a varios políticos de la comunidad foral con camisetas con manchas de sangre simuladas con pintura.
.- Un grupo de encapuchados incendia dos sucursales bancarias y unas oficinas de seguros situadas en el centro de Algorta- Guecho (Vizcaya) con el resultado de daños materiales cuantiosos. El fuego y el humo obligaron al desalojo de los empleados de ambos bancos, así como de los vecinos de los inmuebles afectados. Los incidentes se iniciaron sobre las tres de la tarde, cuando una veintena de encapuchados se aproximaron a la puerta de la sucursal del Banco Guipuzcoano, situada en la calle Telleche, donde arrojaron gasolina. Luego repitieron la acción en la sucursal del Central Hispano de la calle Amesti, y en las oficinas de Seguros La Estrella en la calle Basagoiti.
Varios desconocidos incendian sobre la 1 de la madrugada una estancia del Juzgado de Paz de Villabona, una sala que comparten el Juzgado y la Asociación de Alcohólicos Anónimos del municipio. Los agentes localizaron en la habitación quemada dos garrafas de gasolina semillenas y una botella de cerveza vacía.
CONCESINARIO RENAULT ARTEFACTO 24 8 97
ETA intentó atacar de madrugada el Gobierno militar de Bilbao con dos granadas, que no llegaron a dispararse por causas que se desconocen. Los proyectiles estaban colocados en la terraza de un bloque de casas situado frente a las dependencias militares y apuntaban hacia allí. ETA anunció por la tarde con una llamada la colocación de los cohetes, que fueron desactivados por la Ertzaintza. Uno de los tubos de PVC apuntaba a la residencia de oficiales y el otro a unas oficinas. Las dos granadas eran de la marca belga Mecar, aunque una era anticarro y la otra antipersonal, por lo que estaba cargada de metralla. Una vecina escuchó de madrugada dos detonaciones, probablemente provocadas por el funcionamiento del sistema de ignición, que sí llegó a activarse.
.- Un sabotaje a las instalaciones de Iberdrola en Bilbao provoca un corte de luz en la zona comprendida entre el barrio de Begoña y el puente de La Salve. Varios desconocidos entraron a primera hora de la mañana (entre 7:15 y 8:45) en tres centros de transformación y prendieron fuego a los transformadores, que explotaron de forma casi simultánea. Los operarios trabajaron durante todo el día, aunque en algunas zonas no se consiguió restablecer el suministro hasta la noche.
.- Juan Vicente Jaureguizuría es expulsado por las autoridades francesas a España tras cumplir una condena de seis años. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decretó su ingreso en prisión incondicional. Jaureguizuría Uria negó a la magistrada haber tenido relación con ETA, aunque reconoció que prestó ayuda a refugiados vascos en el sur de Francia, antes de su captura en ese país, sin saber si estas personas estaban o no relacionadas con la banda terrorista.
El presidente del gobierno de España, José María Aznar, solicitó al presidente de la República Dominicana, Lionel Fernández, la repatriación de los cinco etarras residentes en dicho país. Atendiendo a esta petición se expulsó a tres: Eugenio Echeveste Arizcuren (Antxon), Ignacio Aracama Mendia (Makario, nacido en 1951) y José María Gantxegi Arruti (Peio). Estaban allí desde 1989 adonde llegaron tras el fracaso de las conversaciones de Argel.
Aracama formaba parte en 1978 y 1979 del "comando Araba" de ETA y en unión con otras personas, "planearon y decidieron dar muerte al inspector del entonces Cuerpo Superior de Policía de Vitoria Antonio Recio Claver (también agente del CESID), por lo que fue condenado a 30 años de prisión. Makario fue condenado a 61 años de prisión por su participación en el atentado contra tres guardias civiles que iban a dar protección y ordenar el tráfico en una carrera ciclista en la localidad alavesa de Salvatierra, el 4 de octubre de 1980.
Arakama Mendia fue condenado, en calidad de cooperador necesario, a 28 años de reclusión mayor por el asesinato en 1980 del comandante Jesús Ignacio Velasco Zuazola, jefe de los miñones de Álava.
También fue condenado a 26 años y ocho meses por el asesinato de Ricardo Tejero Magro, director y consejero del Banco Central, el 19 de febrero de 1985 en Madrid. El terrorista formaba parte entonces del "comando Madrid".
José Ignacio Aramaca reconoció su participación en el ametrallamiento contra guardias civiles cometido el 9 de junio de 1979 en la base militar de Araca (Alava), en el que tres agentes resultaron heridos. Por este hecho fue condenado a 72 años de cárcel.
En 1999, la Audiencia Nacional condenó al antiguo miembro del "comando Madrid", Macario, a 25 de años de prisión por el secuestro del financiero Diego Prado y Colón de Carvajal el 25 de marzo de 1983.
En 2001, fue condenado a 17 años por el atentado contra el edificio de Telefónica de la calle de Ríos Rosas de Madrid cometido en 1982.
En 2001, la Audiencia Nacional también condenó a siete años de prisión a Ignacio Aracama Mendía por su pertenencia a la banda terrorista ETA y a Eugenio Etxebeste (Antton) a diez años por haber sido responsable del aparato de logística de la banda, ocupándose de las labores de formación y cursillos, de fijar las líneas ideológicas del grupo y de orientar los objetivos a los comandos armados. En 1992, según la sentencia, Antxon elaboró un documento denominado Apuntes para una Reflexión Obligada, que logró hacer llegar a la dirección de ETA desde Santo Domingo, en el que planteaba su temor a equivocarse 'dada su lejanía y falta de conocimiento de muchas cosas'.
Soares Gamboa (etarra que convivió con él) aseguró que era dirigente de ETA y que durante su etapa en la República Dominicana la banda seguía consultándole en temas de estrategia política y por ello recibía un trato privilegiado.
Extebeste fue puesto en libertad el 28 de enero de 2004.
José Luis Salegui Elorza, Txipi, antiguo jefe de los Comandos Autónomos Anticapitalistas y residente en México desde 1989, es encontrado sin vida cerca de la ciudad de Irapuato, después de estar dos días desaparecido. Según la autopsia, un infarto mientras hacía deporte le causó la muerte. El fallecido, de 42 años, salió a correr al cerro de Arandas el día 4, una ruta muy utilizada por los deportistas y se le perdió la pista, hasta que dos días después su cuerpo fue encontrado por dos jóvenes.
Responsables del centro Miguel Agustín Pro calificaron la muerte de "sospechosa". "Los conocidos habían buscado por la zona donde apareció, y no habían encontrado nada, por lo que el cuerpo pudo ser colocado ahí", aseguró Rafael Álvarez, director del centro. Para Edurne Egileor, compañera sentimental de Salegui, su muerte no está clara. "Hay una guerra sucia y viene del Estado español; la empezaron en Euskadi y ahora la traen aquí", declaró al diario “La Jornada”.
Salegui, al que se atribuye la orden de asesinar al senador socialista Enrique Casas en 1984, pidió la entrada en ETA Militar en una entrevista que mantuvo con Francisco Múgica Garmendia en 1989 sin éxito y tras ello marchó a México.
Agentes de la policía francesa detienen en Albi al etarra Igor Urrestarazu Garijo (nacido en San Sebastián el 5 de julio de 1971), alias Bill Gates y Spok, considerado responsable de Sarea, la red de ETA que se dedica a captar información. El detenido trabajó como policía municipal de San Sebastián y Zarautz y huyó a Francia en 1994. Fue sorprendido cuando, en unión de otro individuo que logró huir, intentaba robar un coche. Al verse sorprendidos, montaron en un Renault 19 -robado en abril de 1996- que tenían en las inmediaciones y salieron huyendo perseguidos por los agentes. Al tomar una curva a gran velocidad, el conductor perdió el control y se salió de la calzada, por lo que sus dos ocupantes continuaron la huida a pie. Uno fue detenido y el otro robó un coche amenazando con su pistola a los propietarios de un caserío. Llevaba un carné de identidad a nombre de Asier Virumbrales Amenábar, que al día siguiente denunció que le habían robado el carnet.
Fue condenado en 1998 a una pena de cuatro años de prisión, pero su estancia real en la cárcel fueron tres años. El 27 de octubre de 2000, Francia le expulsó a España, ya que también había sido condenado a no pisar suelo galo durante diez años. Agentes franceses le acompañaron al paso fronterizo de Le Perthus, donde le esperaban sus familiares.
Cinco personas que habían participado en las protestas por el asesinato de Miguel Angel Blanco fueron reconocidas y agredidas por los violentos durante las fiestas patronales de Etxebarri. Los agresores se ensañaron con uno de los vecinos, ex agente de la Ertzaintza. Los disturbios comenzaron delante de una txosna (caseta) presidida por un cartel de las Gestoras Pro Amnistía. Allí se concentraron unas 25 personas, llegadas de fuera del pueblo. Poco después comenzaron a insultar a vecinos que habían participado en las movilizaciones en protesta por el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua. Entre ellos se encontraba un ex agente de la Ertzaintza. Al presentarse una dotación de la Policía Municipal de Etxebarri (Vizcaya) en el lugar, constató que el enfrentamiento había degenerado en una monumental pelea en la que los contendientes portaban palos y otros objetos contundentes, por lo que dieron aviso a la Ertzaintza. Dos dotaciones de la Policía Autónoma se desplazaron al lugar e intentaron separar a los enfrentados. Al no conseguirlo, realizaron una carga con material antidisturbios. Al menos cinco de las 80 personas que se vieron involucradas en el incidente resultaron heridas de consideración. Tres de ellas fueron atendidas en el mismo jugar de los hechos por una ambulancia y otra precisó de varios puntos de sutura. El herido más grave fue el ex ertzaina, que tuvo que ser trasladado a un hospital con un fuerte golpe en la espalda, la nariz fracturada y contusiones por todo el cuerpo.
Tras la pelea, un grupo de vecinos de Etxebarri creyó reconocer en un vehículo a tres de los simpatizantes de ETA que habían participado en el enfrentamiento, por lo que rodearon el coche instándoles a salir del vehículo. Al negarse éstos, los vecinos arremetieron contra el coche y le rompieron la luna delantera, según consta en la denuncia interpuesta por sus ocupantes. La Ertzaintza tuvo que intervenir de nuevo para calmar los ánimos y evitar nuevas agresiones.
Un grupo de 40 encapuchados lanza unos 80 artefactos incendiarios, en San Sebastián, contra los agentes de una patrulla de la Ertzaintza, El grave incidente se produjo la noche del domingo, cinco horas después de que Herri Batasuna celebrase en la capital donostiarra una manifestación para pedir el acercamiento de los presos al País Vasco. Tres personas - los ertzainas y una mujer- resultaron heridas leves. Los agentes repelieron el ataque efectuando disparos intimidatorios desde las ventanillas de la furgoneta y mediante el lanzamiento de material antidisturbios. La mujer, de 29 años, resultó herida al ser agredida por un pequeño grupo de jóvenes cuando ésta les recriminó su actitud.
Los atacantes de la patrulla de la Ertzaintza intentaron quemar después una unidad móvil de Televisión Española (TVE) que se encontraba estacionada cerca de la plaza de la Trinidad, en la parte vieja de la ciudad. El guarda de seguridad que custodiaba el vehículo de TVE desplazado a San Sebastián para retransmitir el Festival de Jazz realizó varios disparos al aire para alejar a los agresores.
El cuartel del Cuerpo Nacional de Policía en el barrio Buenavista de Oviedo (Asturias) es atacado a las ocho de la mañana mediante el lanzamiento de tres granadas anticarro desde unos jardines cercanos junto a la plaza de toros. Uno de los proyectiles impactó en el asfalto de una calle próxima, otro en el noveno piso de una vivienda y otro proyectil quedó en un tejado y fue recogido al día siguiente por la policía. Una mujer de 44 años caminaba hacia su casa cuando la primera granada impactó a escasos metros. La onda expansiva le dañó el oído izquierdo. La segunda víctima sufrió un pequeño corte en la mejilla. Uno de los cascotes que saltaron de la calzada la alcanzó.
La policía acusó a Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', de dar las órdenes para cometer el ataque.
El preso Juan Carlos Hernando González, Peli, es hallado ahorcado en su celda de la prisión de Albacete. Condenado a seis años por pasar información a ETA, Hernando (nacido el 28 de julio de 1961) había roto sus vínculos directos con ETA, tras casarse con Aintzane y tener un hijo, pero fue detenido el 28 de abril de 1994. Estaba recluido en esta prisión desde el 17 de julio de 1995. Cumplía una condena de seis años y un día por colaboración con banda armada. En la última visita, Juan Carlos comentó algo sobre las fuertes presiones que estaba sufriendo por parte de los presos sociales tras la muerte de Miguel Ángel Blanco.
El recluso, que se hallaba solo en su celda, estaba suspendido del tubo de la cisterna del w.c. con un cordel de plástico similar al que se utiliza para ajustar prendas deportivas y se había sujetado las manos en la parte delantera con unas vueltas de un cordón, al parecer de zapato, sin ningún nudo. Sobre la mesa de la celda se encontró una nota manuscrita de Hernando en la que pide que se entreguen sus pertenencias al también preso de ETA, Imanol Chávarri.
Los cuatro miembros de un grupo de ETA huyen precitadamente del piso franco que ocupaban en Durango, después de que una granada estallara de forma accidental en el interior de la vivienda, situada en el número seis de la calle Fray Juan de Zumárraga. La deflagración permitió a la Ertzaintza localizar un arsenal de explosivos, compuesto por 30 kilos de amonal, tres de cloratita, pólvora, cuatro granadas de 80 milímetros, nueve granadas de 40 milímetros, detonadores, temporizadores, varios cilindros de explosivos y una bomba-lapa. Los etarras se dieron a la fuga a bordo de un vehículo, que abandonaron a diez kilómetros para coger otro con el que proseguir la huida. El piso estaba ocupado desde el pasado mes de mayo. Los sospechosos son Oier Egidazu, David Martín González, Gorka Palacios y Leyre Martínez.
las fuerzas de seguridad registraron después otros dos pisos. Entre la documentación se halló un manual de ETA y "cuatro" cartas firmadas por la que era jefa de 'comandos legales' Soledad Iparraguirre, 'Anboto', en las que daba instrucciones al 'comando Larrano'.
La policía localizó a la novia de Palacios, Irantzu Zabal, que trabaja como ATS en La Rioja y tras los interrogatorios se vincula a Palacios con la comisión de varios atentados en Vizcaya y Álava y quizá en otras zonas de España. Los padres del etarra confirmaron que Palacios se iba a mudar con su novia a la vivienda que explotó, por lo que mientras vivían en otra casa alquilada, donde, además, se hallaron más sustancias explosivos.
En 2021, la Audiencia Nacional juzgó a Palacios y el fiscal pidió 27 años de cárcel por los delitos de pertenencia a banda armada, delito de estragos terroristas y otro de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos. La policía le acusó de preparar "diversas acciones" terroristas junto a otros dos miembros del 'comando Larrano', Oier Eguidazu y Leyre Martínez Pérez.
El ex-activista de ETA Andrés Barrando Olabarri, alias Txato, fallece en México como consecuencia de un problema cardiaco, según informó Gestoras pro-Amnistía. Barrando, de 41 años y natural de Ugao-Miraballes, marchó al país centroamericano hace más de quince años.
Sobre las 15:30 horas, el concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco Garrido (29 años, economista) es abordado cuando bajaba del tren para acudir a su lugar de trabajo, la empresa Eman Consulting en Éibar. Un “comando” formado por Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», Irantzu Gallastegui Sodupe, «Amaia», y José Luis Geresta Mujika, lo secuestraron y se lo llevaron en un coche. Ibon Muñoa, que trabajaba con Miguel Ángel, fue el encargado de recopilar la información necesaria para realizar el secuestro. A las 18:30 horas, una llamada telefónica en nombre de ETA pide el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, diciendo que si antes de las 16 horas del sábado, día 12, el Gobierno, presidido por José María Aznar, no llevaba a cabo el acercamiento de los presos, matarían a Blanco. Miguel Angel Blanco se afilió a Nuevas Generaciones del Partido Popular País Vasco en 1995 y figuró como número tres en las listas del PP en las elecciones municipales de mayo de ese año, logrando su acta de concejal. El concejal fue retenido maniatado en algún lugar aún desconocido (algunas fuentes hablan de una bajera en Añorga) y el día 12 lo trasladaron a un descampado en el término de Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Gaztelu le disparó dos veces en la cabeza sobre las 16:50, pero no murió en el acto. El pequeño calibre utilizado (un 22) explica que los proyectiles quedaran alojados dentro de la cabeza de la víctima. Dos hombres que caminaban por el campo descubrieron al concejal aún con vida y fue trasladado a la Residencia Sanitaria de Nuestra Señora de Aránzazu, pero falleció a las 5:00 horas del 13 de julio. El cazador que lo encontró iba acompañado por un joven y fueron corriendo a casa. Llamaron al 088, el número habilitado para dar pistas sobre el paradero de Miguel Ángel, y dieron el aviso. «Pensamos que podía ser el chico que estaban buscando (...). llevaba la ropa que decían los medios de comunicación y la forma de ser coincidía (...). Cuando llegaron los de la Cruz Roja le dieron la vuelta y le pusieron en una camilla. Entonces vi que tenía las manos atadas por delante, la cara completamente amarilla y un ojo morado».
La pistola ya había sido utilizada en el ataque por ETA a un funcionario de prisiones el 16 de abril de 1997 en Rentería. La primera bala se alojó en el hueso mastoideo, detrás del pabellón auricular derecho. El segundo disparo impactó en la zona occipital, en el centro de la nuca.
Tal y como reconoció años después uno de los cómplices del crimen, los etarras quisieron secuestrar a Miguel Ángel el día de antes en Éibar. La idea inicial era retenerle cuando se dirigiera al trabajo, pero aquel día el concejal cambió su camino habitual y no le vieron aparecer. Aplazaron el secuestro para el día siguiente.
En la noche del 12 al 13 hubo diversos ataques contra herriko tabernas y sedes de Herri Batasuna. Al día siguiente se repitieron los ataques. Esa misma tarde, el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, evita el incendio de la sede batasuna en su municipio cuando unos manifestantes furiosos se congregan a la puerta. La gente se abraza a los ertzainas y éstos se quitan el verduguillo y muestran sus rostros.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso una importante movilización en contra de ETA y Herri Batasuna. Antes de su asesinato, hubo manifestaciones y concentraciones en muchas ciudades de toda España, en especial en Madrid, Ermua, San Sebastián y Vitoria. En Sevilla, Málaga y Barcelona también se concentró la gente pidiendo su puesta en libertad. Tras su muerte se acuñó el término espíritu de Ermua y hubo una agitación social en dos frentes: en la propia izquierda abertzale (militantes y ex militantes de ETA mostraron su rechazo) y en la sociedad vasca comenzó un auge de los movimientos pacifistas y contra el nacionalismo radical excluyente, con la creación, por ejemplo, del Foro de Ermua.
El 30 de junio de 2006, se juzgó a los responsables, «Txapote» y «Nora» —Mujika se había suicidado dos años después del asesinato—, y se los condenó a 50 años de prisión, por el secuestro y asesinato del concejal. Tienen dos hijos (concebidos en distintos vis a vis). Ibon Muñoa fue condenado a 33 años de prisión y salió en libertad en octubre de 2020.
En 2011, la familia de Miguel Ángel Blanco decidió trasladar su cuerpo a Galicia debido a la profanación frecuente de su tumba por parte de simpatizantes de ETA.
ETA atenta con lanzamiento de granadas contra el complejo petrolero de Petronor en Musques (Vizcaya). El ataque se produjo a las cinco de la madrugada desde las faldas de una colina llamada Montano, a unos doscientos metros de la refinería, mediante dos granadas del tipo Mecar de carga hueca anticarro. Una de ellas impactó en el suelo dentro de las instalaciones, lejos de los tanques de combustible. La otra cayó fuera del recinto y su impacto abrió un agujero de un metro de diámetro.
Renate Heike Schubbert, de 33 años, la presunta colaboradora alemana del comando Madrid de ETA, se entrega en Wíesbaden (Alemania). Schubbert fue la encargada, presuntamente, de alquilar el piso del Barrio de la Concepción del que el comando huyó el pasado 12 de abril tras estallar uno de los detonadores que almacenaban para sus atentados. Contra Schubbert existía una orden de busca y captura por parte de la policía del Estado de Hesse. Renata y y su compañero Gary Siemund, de 33 años, aparecen implicados en el aparato del “comando Madrid” de ETA, para el que alquilaron varios pisos en Madrid. Los dos proceden de la subcultura izquierdista de la ciudad de Wiesbaden. Siemund se entregó tres días después de la explosión de Madrid y desde entonces se encuentra encarcelado. La pareja pertenece a la generación de jóvenes alemanes que entraron en política a través de la solidaridad con el Tercer Mundo y los comités de apoyo a Nicaragua y la lucha de la guerrilla en El Salvador. Este pensamiento lo trasladaron a la llamada lucha de liberación del pueblo vasco.
En abril de 1998, Heike Schubert y Fritz Gary Siemund, fueron puestos en libertad condicional. El juez de Wiesbaden ordenó levantar la orden de prisión por considerar que no existía peligro de que Heike Schubert pudiera huir y de que ya no existían cargos importantes sobre Gary Siemund. Heike Schubert confesó que había alquilado un piso franco, pero desmintió que hubiera trabajado deliberadamente para ETA. Tras un juicio de seis semanas, Renate, una diseñadora gráfica de 34 años, fue sentenciada a dos años y nueve meses por violar leyes sobre explosivos y armas peligrosas. Su ex compañero Fritz fue hallado culpable de falsificar documentos de identificación y sentenciado a ocho meses.
Dos vehículos de la Policía Municipal de Pamplona sufren desperfectos al ser atacados poco después del mediodía por un grupo de individuos que se dio a la fuga. Los agresores rompieron la luna trasera de un vehículo patrulla y el cristal frontal de la furgoneta policial que le seguía.
.- Una decena de encapuchados atacan en Mundaca (Vizcaya) con artefactos incendiarios dos sucursales bancarias situadas en la misma calle. La acción tuvo lugar a primera hora de la madrugada durante las fiestas patronales.
Varios encapuchados arrojan por la noche seis ‘cócteles molotov’ contra la vivienda de la concejala de UPN de Pamplona Maribel Beriain, que se encontraba a esa hora en la casa, en compañía de una sobrina de 12 años. La edil pudo sofocar, con la ayuda de un extintor, el incendio provocado en el interior de su domicilio por cuatro de los artefactos incendiarios. El sabotaje tuvo lugar al filo de las once y media de la noche, cuando Maribel Beriain se encontraba ya acostada. La concejala se incorporó de inmediato al identificar el estallido del artefacto en el piso. Cuatro artefactos, según su testimonio, penetraron en la vivienda tras impactar «de lleno» contra el cristal de la ventana. Al apercibirse de que los cócteles habían provocado un ' incendio en la habitación, Maribel Beriain cogió el extintor que guarda en su domicilio y, «apartando los cristales del suelo, apagué el fuego como pude».
Por su parte, efectivos policiales retiraron de una habitación un artefacto que no llegó a estallar. La vivienda de Maribel Beriain ha sido atacada con anterioridad. Hace dos meses, cinco artefactos incendiarios fueron lanzados contra la fachada del piso, situado en el Casco Viejo, aunque no penetraron en las habitaciones.
Después de varias semanas de vigilar sus movimientos, agentes del GAR de la Guardia Civil detienen a Josu Uribetxebarria Bolinaga (41 años) a las 3.30 horas en Mondragón, uno de los fundadores de la empresa Jalgi C.B., dedicada a la reparación de maquinaria pesada. Tras registrar la casa, se llevó a Bolinaga hasta la nave de la empresa para que éste dijera si estaba allí el escondite donde se retenía al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara - secuestrado en Burgos el 17 de enero de 1996-cosa que negó en todo momento. El más de medio centenar de guardias civiles que participaban en la operación "Delfín-Pulpo", estuvo durante más de dos horas buscando el zulo sin éxito con la presencia del juez Baltasar Garzón y el jefe del Servicio de Información de Inchaurrondo, el capitán Juan Salom Cloquet. Finalmente debajo de una máquina se encontró el acceso al recinto donde estaba el secuestrado que pudo salir tras 532 días. Mientras tanto se iba deteniendo al resto de posibles miembros o colaboradores de ETA: José Luis Erostegui Bidaguren, detenido en su caserío de Antzuola a las cinco de la madrugada; José Miguel Gaztelu Ochandorena, de 40 años, arrestado en Vergara; y Javier Ugarte Villar, en Oñati. El comando de liberados ‘legales’ que secuestró a Ortega Lara, reunido bajo el nombre de Goiherri, era responsable del cautiverio de Julio Iglesias Zamora y del asesinato de cinco guardias civiles.
La sentencia de la Audiencia Nacional -que condenó en junio de 1998 a Ugarte, Eróstegui, Bolinaga y Gaztelu a 32 años de prisión por secuestro y asesinato en grado de conspiración con el agravante de ensañamiento- describió el aspecto "cuasi cadáver" que presentaba Ortega Lara en el momento de la liberación y consideró probado que sus captores estaban dispuestos a dejarle morir si el estado no asumía sus reivindicaciones, que no eran otras que la liberación de los presos etarras. El funcionario de prisiones aceptó la jubilación anticipada que le ofreció el Ministerio del Interior como víctima del terrorismo.
La Audiencia Nacional condenó en julio de 2005 a 32 años de cárcel al etarra Julián Achurra Egurola, 'Pototo', y a su sucesor Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza', por ordenar y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro.
Terroristas de ETA dejan libre de madrugada al joven abogado Cosme Delclaux en un paraje aislado del término de Elorrio, maniatado a un árbol. Fue secuestrado el 11 de noviembre de 1996 y trasladado a una nave industrial de Irún, donde había un habitáculo en el que permaneció 232 días. Álvaro Delclaux, padre de Cosme, contactó con la banda a través de un intermediario, y pagó a mil millones de pesetas (6 millones de euros) para salvar la vida de Cosme, en dos entregas de 500 millones cada una. Un hermano del cautivo se desplazó en un vehículo alquilado a un estacionamiento público de Irún con el dinero en metálico oculto en cajas de cartón.
La orden de secuestrarle la dieron José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’, y Dolores López Resina, ‘Lola’, por lo que fueron condenados a 17 años y medio en 2008. La cumplieron Gregorio Vicario Setién y José Ordóñez Fernández, quienes adquirieron un local en Irún, construyeron el habitáculo, fabricaron una manivela oculta que servía de apertura y acondicionaron la nave para que pareciese un almacén. Por ello fueron condenados en mayo de 2007 a 17 años y medio de prisión. Les acogieron en su casa Francisco José Ramada y su pareja, Sagrario Yoldi, según consta en la sentencia, por lo que fueron condenados en 2002 a penas de catorce y ocho años de prisión, respectivamente.
El Ministerio de Interior inicia el traslado a prisiones del País Vasco de seis reclusos independentistas vascos. En una nota oficial, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias recalcó que estos movimientos de presos responden «al principio de tratamiento individualizado que viene aplicando el ministerio en su política penitenciaria». Cuatro de los acercamientos obedecen a la «evolución positiva» de los internos. Se trata de Pedro María Garmendia Alberdi, Javier Bereciartúa Etxaniz, Luis Gastón Arrieta y Juan María Arríeta. Todos serán enviados a la prisión de Nanclares de la Oca.
Garmendia Alberdi (Artista), que cumple pena en Madrid, fue extraditado por México en diciembre de 1996. Se trata de un antiguo poli-mili de 38 años de edad. Javier Bereciartúa, en la cárcel gallega de Bonxe, tiene 40 años. En marzo de 1984 fue detenido bajo la acusación de pertenecer a los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Luis Gastón Arrieta y José María Arríeta Etxebeste, encarcelados en Madrid, se encuentran en régimen preventivo tras ser detenidos el pasado mes de enero en San Sebastián por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, acusados de haber facilitado información a ETA y haber perpetrado varios atentados con explosivos, que no causaron heridos.
Luis Maria Azkargorta Belategui y Mitxel Sarasketa Zubierrementería serán trasladados porque sufren problemas de salud.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias señaló que con estos movimientos se elevan a 57 el número de reclusos que han sido trasladados a prisiones del País Vasco desde la llegada del Partido Popular al Gobierno. Cuarenta y tres han sido acercados en «aplicación de la política individualizada del Ministerio de Interior y el resto por razones humanitarias».
El Tribunal Correccional de Paris dicta sentencia en el macroproceso contra la cúpula de ETA (Artapalo) con penas que se ajustan casi exactamente a las reclamadas por la fiscal Irene Stoller el pasado 22 de mayo a la clausura del juicio. En total, las condenas contra quince etarras suman 106 años de prisión. Otros 18 colaboradores o simpatizantes fueron sentenciados a penas que oscilan entre 29 y 6 meses de cárcel, en su mayoría ya cumplidas en régimen de prisión preventiva.
Las penas máximas de diez años recayeron en Francisco Múgica Garmendia (Pakito), José Luis Álvarez Santa Cristina (Txelis) y José María Arregi Erostarbe (Fiti). Eran los jefes, respectivamente, de los aparatos militar, político y logístico cuando fueron detenidos el 29 de marzo de 1992 en plena reunión plenaria de la ejecutiva en un caserío de Bidart (País Vasco francés). Sólo Txelis compareció a la lectura del veredicto. Una cuarta pena de diez años fue dictada contra el francés Peio Fagant, propietario de la casa de Bidart en cuyos sótanos fue descubierta una fábrica de armas.
Kepa Mujika Garmendia, hermano de Pakito, y José Martín López Castañares, Xabi, responsables del taller, fueron condenados a ocho años. Pedro Maria Goraspe Lertxundi (Txato el Viejo), catalogado de "traidor" por la organización terrorista por haber indicado a la policía el acceso al zulo, no recibió ninguna condena ya que se encuentra internado en un establecimiento psiquiátrico de Bayona.
Arantxa Sasiain Etxabe (Pottoka) fue condenada a siete años; y a 6 Rafael Caride Simón (Lutxo), Juan Bixente Jauregízuría Uria (Juanbi) y Philíppe Lassalle Astíz (Tintin). Contra este último, en libertad condicional, fue dictada una orden de detención ya que sólo ha cumplido 32 meses en régimen preventivo. Joseba Baños Olabarri (Modesto) fue condenado a dos años.
Otros cinco procesados en rebeldía fueron sentenciados a cinco años: Ignacio Gracia Arregi (Iñaki de Rentería), Mikel Albizu lriarte (Antza), Jon Bienzobas Arretxe, (Karrakas), Antonio Gabiola Goyonaga (Kaskillos) y Jesús María López González (Txuma).
Entre los otros diecisiete condenados condenados, que no tendrán que volver a prisión, figuran el matrimonio Tuya y su hija, propietarios de la casa de Bidart en que fue detenido el colectivo Artapalo, y el multimillonario Antoine Harispe, también encubridor en su chalé de Arcangues de la anterior ejecutiva de ETA. En idéntica situación penal quedan Izaskun Rekalde Goikoetxea e Itzíar Imaz Elgezabal, mujeres de Santi Potros y Azkoití.
.- El tribunal especial antiterrorista de París condena a Frederic Haranburu (Txistor), Jacques Esnal y Jon Parot a cadena perpetua por su participación en el “comando Argala” de ETA. La corte sentenció a diez años a Philippe Saez y a Bixente García. La pena pronunciada contra Jean Pierre Erremundeguy (Panpi) fue de seis años. Se les considera responsables de 21 atentados cometidos en España entre 1978 y 1989 que causaron 38 muertos, en su mayoría militares y guardias civiles, y más de 200 heridos.
Philippe Sáez fue captado con 19 años por Txomin Iturbe para formar parte del 'comando itinerante'. 'Txistu', apodado así porque le encantaba tocar este instrumento autóctono, colaboró en al menos cuatro atentados entre 1978 y 1979, en los que murieron siete personas, a las órdenes de Henri Parot. El joven renegó de la actividad terrorista y en 1988 ingresó en la abadía de Belloc como novicio, donde aprendió a tocar el órgano y a hacer quesos. En abril de 1990 la Policía se presentó en el monasterio con una orden de detención.
